Danna Ramírez Saldaña y Juan Novelo, regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en Playa del Carmen, expresaron su rechazo a lo que calificaron como una posible reforma electoral construida desde acuerdos cupulares y negociaciones realizadas en oficinas del Gobierno Federal, sin un verdadero diálogo nacional.
Los representantes panistas señalaron que las pretensiones de impulsar modificaciones constitucionales desde el Ejecutivo federal, mediante acuerdos entre dirigencias oficialistas, podrían derivar en una reforma parcial y regresiva que debilite las instituciones democráticas del país.
Indicaron que México atraviesa un momento de incertidumbre política, donde —aseguraron— prevalecen decisiones autoritarias que excluyen la participación plural de la ciudadanía y de especialistas en materia electoral.
Llamado a una reforma ciudadana y de gran calado
Ramírez Saldaña y Novelo subrayaron que una verdadera reforma electoral debe construirse con la participación de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, operadores jurídicos, expertos en fiscalización y actores con experiencia en procesos electorales.
Entre los puntos que consideraron prioritarios destacaron:
- Fortalecer las facultades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
- Garantizar autonomía plena a las fiscalías especializadas en delitos electorales.
- Combatir el acarreo y la distribución masiva de dádivas con fines proselitistas.
- Erradicar la compra y coacción del voto.
- Frenar el financiamiento ilícito y paralelo en precampañas y campañas.
Los regidores enfatizaron que uno de los problemas centrales a atender es el flujo de dinero de procedencia incierta o ilegal que financia actividades políticas, lo que —advirtieron— debe ser erradicado de raíz.
Blindar las elecciones contra recursos ilícitos
En ese sentido, plantearon la necesidad de incorporar de manera permanente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los procesos de supervisión electoral, así como fortalecer el uso de herramientas de inteligencia financiera y apoyo de la policía cibernética para detectar recursos ilícitos.
Afirmaron que sin mecanismos efectivos de fiscalización y sin transparencia en el origen de los recursos, cualquier reforma electoral será insuficiente.
Asimismo, reiteraron su rechazo a modificaciones constitucionales que —según señalaron— respondan únicamente a los intereses del oficialismo y no a una agenda ciudadana.
“Pactar en lo oscuro es la forma más nefasta de hacer política”, sostuvieron.
Finalmente, enfatizaron que el objetivo debe ser garantizar que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Advirtieron que, de aprobarse una reforma sin diálogo nacional ni participación plural, el país podría enfrentar un debilitamiento de su democracia y de la división de poderes.
