Una vez más, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, quedó en el centro de la polémica al abandonar el recinto legislativo durante la sesión solemne por el 51 aniversario de la creación del estado, tras ser cuestionada por reporteros sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y por las observaciones millonarias de la Auditoría Superior de la Federación.
La alcaldesa evitó dar declaraciones sobre el tema y optó por salir apresuradamente rumbo a una camioneta que la esperaba en el estacionamiento, en medio de reclamos y preguntas sin respuesta.
Los señalamientos, publicados en medios nacionales, apuntan a supuestos nexos entre Peralta y su esposo, Lucio Lasta Abraeu, con el cártel encabezado por Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, actualmente detenido por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Además de las acusaciones de vínculos criminales, la gestión de Peralta enfrenta observaciones por más de 291 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con la concesión del alumbrado público y la compra de combustible, dos de los contratos más cuestionados por la ciudadanía por su falta de transparencia.
Pese a ello, la presidenta insiste en que “todo ha sido aclarado”, aunque los documentos oficiales aún no reflejan la solventación de las irregularidades.
En un municipio golpeado por la violencia, la corrupción y la falta de servicios básicos, la imagen de Ana Patricia Peralta parece deteriorarse aceleradamente. Mientras tanto, los ciudadanos exigen respuestas claras y no silencios incómodos ante los posibles vínculos de su gobierno con estructuras criminales que han infiltrado diversos niveles de poder en Quintana Roo.
