Majo Osorio propone reforma de “propia imagen” y enciende alertas por posible censura

La diputada María José Osorio Rosas presentó una iniciativa para reformar el Código Civil de Quintana Roo en materia de “derecho a la propia imagen”, una propuesta que, bajo el argumento de proteger datos personales y el uso de imágenes en redes sociales, ha encendido alertas por su posible impacto en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Acompañada por Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco Rodríguez, la legisladora sostiene que la reforma busca blindar a la ciudadanía ante el uso indebido de su imagen en entornos digitales. Sin embargo, especialistas advierten que el problema no radica en reconocer el derecho, sino en la redacción ambigua y en los alcances que podría tener su aplicación.

Ambigüedad que preocupa

Uno de los principales cuestionamientos es la falta de claridad sobre qué se considerará “uso indebido”. De no establecerse excepciones explícitas para hechos noticiosos o asuntos de interés público, la reforma podría abrir la puerta a demandas civiles contra periodistas, medios de comunicación e incluso ciudadanos que documenten actos de funcionarios públicos.

En un estado donde la cobertura de seguridad, política y conflictos sociales es permanente, cualquier vacío legal podría convertirse en un instrumento de presión.

¿Protección ciudadana o blindaje político?

El punto más delicado es la posibilidad de que servidores públicos utilicen esta figura legal como mecanismo para frenar publicaciones incómodas. El riesgo de enfrentar procesos civiles y sanciones económicas podría incentivar la autocensura.

Además, el contexto político no es menor: el Congreso de Quintana Roo cuenta con mayoría vinculada a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que podría facilitar una aprobación acelerada si no se abre un debate amplio y transparente.

Lo que sigue sin aclararse

Hasta el momento no se han detallado:

• Las salvaguardas específicas para la labor periodística.
• Los criterios claros para definir “interés público”.
• El alcance real de las sanciones económicas.
• Los mecanismos para evitar abusos de poder en su aplicación.

Un debate que no puede ser superficial

Proteger la imagen y los datos personales es necesario en la era digital. Pero cuando una reforma puede incidir directamente en libertades fundamentales, la responsabilidad del Congreso es garantizar precisión jurídica, transparencia y diálogo con la sociedad civil.

Sin candados claros, la iniciativa impulsada por Osorio podría sentar un precedente riesgoso: que el derecho a la propia imagen termine convertido en una herramienta para inhibir la crítica, en lugar de proteger genuinamente a la ciudadanía.