Los parquímetros deben regular la movilidad y mantener la seguridad: Leopoldo Cruz

La concesionaria Playaparq dueña de calles públicas no ha sido bien visto, hay opiniones encontradas de la ciudadanía, debido a su falta de transparencia de recursos que recauda por el uso de la vía pública, y que la concesión fue otorgada por intereses políticos.

La concesión de áreas públicas debió ser transparente, principalmente bajo consenso ciudadano, y definir el destino de los recursos públicos para una causa noble justificada, sin embargo no funciona de forma correcta.

Para el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de abogados de la Riviera Maya, los parquímetros en Playa del Carmen tienen el beneficio de ordenar y medir el estacionamiento en áreas específicas, contribuyen a la movilidad urbana y ayudan a mantener la seguridad en la ciudad.

En entrevista con el abogado , Leopoldo Cruz, sostuvo que los residentes de esta ciudad pueden solicitar una autorización para exentar el pago de parquímetro. El permiso tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de otorgamiento.

Te recomendamos leer: Playa del Carmen es parte de la ruta de las reliquias de San Judas Tadeo

El problema dijo, no son los parquímetros, sino la falta de transporte Público eficiente para la movilidad de los ciudadanos, “debemos recordar que la movilidad es la capacidad de moverse libremente”, puntualizó.

Hizo énfasis que en Playa del Carmen la movilidad del transporte público es una necesidad común de desplazarse para acceder a bienes y servicios.

En ese sentido, refirió que el transporte público es el modo a través del cual el Estado garantiza que sus habitantes puedan trasladarse, particularmente en entornos dispersos.

Mientras el Municipio y el Estado sigan permitiendo que las rutas sean a criterio del sindicato de taxistas y de TUCSA, y no saquen una licitación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija, con AUTOBUSES, el pueblo seguirá padecimiendo de falta de movilidad.

Además, es un derecho humano que debería estar garantizado por el Gobierno, ya sea porque ellos lo proporcionan, o porque lo licitan a las empresas privadas que si tengan la capacidad financiera y operativa para darlo de forma suficiente y eficiente, digno para los solidarenses.