Tulum: trabajadores con más de 10 años de servicio acusan despidos sin finiquito

El clima político y social en Quintana Roo vuelve a encenderse ante las denuncias de despidos presuntamente injustificados en el Ayuntamiento de Tulum, situación que ha generado molestia entre trabajadores con más de una década de servicio, quienes afirman haber sido dados de baja sin explicación ni garantías de recibir su finiquito correspondiente.

De acuerdo con testimonios de empleados, desde la llegada de la actual administración encabezada por Diego Castañón, varios trabajadores habrían sido presionados para mantenerse como aviadores con la promesa de una futura reinstalación que nunca se concretó. A partir del 15 de noviembre, una primera lista de bajas fue notificada y se espera que el próximo 30 de noviembre otro grupo sea separado definitivamente de su cargo.

Este conflicto laboral ocurre en medio de un descenso notorio del turismo en Tulum, lo que ha llevado al municipio a habilitar accesos gratuitos a playas para intentar reactivar la llegada de visitantes. Sin embargo, hoteleros y comerciantes reportan caídas en ocupación, cierres temporales y reducción importante en ventas, agravando el malestar social.

Habitantes señalan que, además de la crisis turística, existe una creciente inconformidad por la presencia de grupos políticos y operadores provenientes de otros estados, particularmente del norte del país, quienes —según denuncias— habrían desplazado a personas nativas que participaron en campañas del fallecido Marciano Dzul, expresidente municipal y figura central en la vida política de Tulum.

Para algunos ciudadanos, esta situación refleja un patrón que también se ha observado en Puerto Morelos, donde, tras el asesinato del entonces candidato a la presidencia municipal —hecho que marcó la vida política local—, su esposa asumió la administración y persisten acusaciones sobre la influencia de grupos externos en la toma de decisiones.

Mientras tanto, en Tulum el reclamo crece: trabajadores exigen que el Ayuntamiento respete sus derechos laborales y entregue los finiquitos conforme marca la ley, en un municipio que, pese a ser uno de los principales polos turísticos de México, continúa enfrentando episodios de violencia, tensiones políticas y decisiones que, denuncian, dejan fuera a la población originaria.