A pesar de la suspensión definitiva a las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur desde enero de este año, continúan pasando por alto el reciente emplazamiento hecho al gobierno federal por el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, para acatar el mandato judicial o de lo contrario, enfrentar consecuencias penales.
Los trabajos que se siguen desarrollando en la zona en el trazo que se encuentra dentro del sistema de cavernas y ríos subterráneos de Aktun T’uyul, lugar en donde la perforación del suelo kárstico persiste para el hincado de pilotes, incluso ya oxidados, lo que implica a la contaminación del recurso hídrico.
Al respecto, el representante en Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Aarón Siller, reiteró que esto constituye un desacato a la suspensión definitiva que le fue concedida a ciudadanos que promovieron una demanda de amparo. Motivo por el cual el Juzgado Primero de Distrito debe actuar de oficio, dando vista al Ministerio Público, ante la inminente comisión de un delito.
Se debe mencionar que el incidente de suspensión definitiva se origina de la sentencia de un Tribunal, la cual fue dictada desde diciembre del 2023 y notificada en enero de este año, esto a pesar de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se dijo enterado hasta el siete de febrero.
Por otra parte, se debe recordar que la semana pasada, el juez Adrián Fernando Novelo, dictó un acuerdo en el que advierte al Fonatur o autoridades responsable de las obras en el Tramo 5 Sur, el cual va de Playa del Carmen a Tulum, que la suspensión definitiva está vigente y debe ser acatada conforme al artículo 26 de la Ley de Amparo.
Esto derivado de la fracción III de ese artículo que establece que, al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado “se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución, inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.
Por separado, la defensa legal de las y los demandantes señaló que el martes pasado ofreció pruebas al juez para acreditar que la suspensión definitiva se ha pasado por alto y coincidió en que Novelo Pérez está obligado a dar vista al Ministerio Público ante la evidencia.
De igual manera, se debe tener en claro que en la zona se mantiene el traslado de pilotes, la perforación de las cuevas, el movimiento de empleados y maquinaria pesada.
“No hay ningún acatamiento. Nunca hubo tal. Están trabajando. Están perforando. Hemos visto y escuchado perforaciones a esta cueva, en diferentes lugares hemos presenciado derrames de aceites; hay camionetas andando por todos lados”, describió el guía de turistas Elías Siebenborn.
Cabe mencionar que Siebenborn lleva dos años, junto con otros activistas, entre espeleólogos, biólogos y naturalistas, documentando los avances del megaproyecto en la zona; esto incluye, desde la devastación de la selva, sin contar con permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales o sin autorización de impacto ambiental –previa al inicio de las obras– pasando por la perforación para el hincado de un promedio de 15 mil pilotes.
Del verano de 2023 –cuando recorrió parte de este sistema y de sus cavernas– a la fecha, Elías ha observado cambios en el ecosistema, señalando que el impacto más visible es en donde se ha perforado el suelo kárstico, que es el techo de las cavernas, para el hincado de los pilotes.
Además, destacó que, con motivo de las obras, existe un fuerte olor a diésel dentro de las cavernas, ha habido colapsos –no naturales– de formaciones rocosas, derivado de la acción de perforadoras y taladros, así como derrames de concreto, también resalta que como evidencia de ello están las huellas de las pisadas de fauna silvestre, dentro del material, pero ya no se ve la misma cantidad de peces dentro del agua subterránea.
El pasado nueve de marzo, las imágenes del biólogo Roberto Rojo, con las manos llenas de óxido y aceite o grasa después de tocar uno de los pilotes, circularon profusamente en redes sociales, alertando sobre el aumento de impactos ambientales, no evaluados, producto de las obras del Tren Maya.
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