Durante sus declaraciones, López Obrador aseguró que existe una intención de actores estadounidenses por debilitar al movimiento que encabeza Morena, al considerar que las acusaciones y presiones políticas buscan afectar la estabilidad del gobierno mexicano.

El exmandatario también respaldó la postura de Sheinbaum respecto a la defensa de la soberanía nacional y cuestionó lo que calificó como intentos de injerencia en asuntos internos de México.

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensión diplomática entre ambos países, luego de diversas investigaciones y señalamientos que han generado debate en la esfera política nacional.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero siempre bajo el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.

Dentro de los archivos aparecen comunicaciones internas del FBI que registran la recepción de diversas denuncias en las que se menciona al presidente Donald Trump por presunto abuso sexual en hechos que habrían ocurrido en la propiedad de Mar-a-Lago. En esos señalamientos también se menciona a Epstein y a su colaboradora Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple condena por tráfico sexual de menores.

De acuerdo con los propios documentos, estas denuncias no fueron corroboradas y en varios casos se les describe como información de segunda mano. Además, se indica que en múltiples reportes no se contó con datos de contacto de los denunciantes o no se logró establecer comunicación con ellos.

Autoridades estadounidenses han precisado que la publicación de estos materiales responde al cumplimiento de disposiciones legales de transparencia y no implica que las acusaciones hayan sido confirmadas. La difusión de los archivos ha reavivado el debate público sobre el alcance de la red de contactos de Epstein y la responsabilidad de las figuras vinculadas a su entorno.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump señaló que fue Petro quien lo llamó “para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, calificando el intercambio como “un gran honor”, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre los compromisos o acuerdos alcanzados.

La llamada, confirmada por fuentes a Noticias Caracol y por la estatal RTVC, se prolongó aproximadamente 45 minutos y representó el primer contacto directo entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El diálogo ocurrió en un contexto de crecientes fricciones bilaterales, marcado por declaraciones recientes del mandatario estadounidense que han elevado la tensión política entre Bogotá y Washington. Entre ellas, la advertencia de Trump de que no descartaría una eventual intervención militar en Colombia, lo que provocó una fuerte reacción del gobierno colombiano.

Según Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller colombiano ya trabajan en la organización del encuentro presencial, que tendría lugar en Washington, aunque no se ha precisado fecha.

Minutos después de concluir la llamada, el presidente Gustavo Petro se trasladó a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde encabezó un acto público para cerrar una movilización convocada por su gobierno en defensa de la soberanía nacional, en respuesta directa a las declaraciones del mandatario estadounidense.

Aunque no existe aún una confirmación oficial, congresistas coincidieron en que las denuncias podrían constituir violaciones graves al derecho internacional y representar actos ilegales cometidos durante operaciones de seguridad.

¿Crimen de guerra?

El senador demócrata Tim Kaine emitió uno de los pronunciamientos más fuertes al afirmar que, de verificarse los hechos, las acciones descritas “alcanzan el nivel de un crimen de guerra”. Su preocupación radica en la supuesta orden de perseguir y disparar contra sobrevivientes indefensos, algo que violaría tanto las leyes internacionales como los propios protocolos militares de Estados Unidos.

Kaine, integrante de la Comisión de Servicios Armados del Senado, advirtió que un operativo ejecutado sin respetar los principios de proporcionalidad y necesidad representaría una grave transgresión de las obligaciones internacionales del país, por lo que urgió a activar la supervisión legislativa.

Escepticismo, pero también alarma entre republicanos

Por su parte, el representante republicano Mike Turner reconoció que el Congreso aún no cuenta con evidencia confirmada de que se haya ordenado un ataque secundario contra personas incapaces de defenderse. Sin embargo, señaló que tanto la Cámara de Representantes como el Senado ya iniciaron investigaciones para verificar la información publicada por The Washington Post.

Aunque persiste cierto escepticismo dentro de su partido, Turner subrayó que la simple posibilidad de que las fuerzas antidrogas hayan actuado fuera de lo autorizado “amerita una revisión profunda y transparente”, especialmente para determinar si se operó más allá del marco legal aprobado por el Congreso.

Trump, Maduro y la sombra geopolítica

En medio del creciente debate, el presidente Donald Trump confirmó haber sostenido recientemente una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, lo que incrementó las especulaciones sobre las motivaciones detrás de los operativos en la región.

La Casa Blanca insiste en que las acciones militares buscan únicamente desmantelar redes de narcotráfico que, según sus acusaciones, operan bajo protección del gobierno venezolano. No obstante, fuentes cercanas a las indagaciones señalan que Trump ha considerado incluso atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que ampliaría de manera significativa el alcance del conflicto.

El presidente evitó dar detalles sobre su conversación con Maduro —publicada inicialmente por The New York Times—, alimentando aún más las dudas en el Congreso sobre la naturaleza real de las decisiones militares tomadas bajo el argumento de seguridad nacional.

Operaciones sin claridad legal: un riesgo internacional

Analistas advierten que la creciente presencia naval y aérea estadounidense en la región podría entrar en un terreno delicado si las recientes acusaciones se confirman. Incluso en operativos contra el narcotráfico, la ley exige transparencia, reglas claras y respeto al derecho internacional humanitario.

Cualquier extralimitación, señalan, podría afectar la credibilidad de Estados Unidos y provocar tensiones diplomáticas con gobiernos del Caribe y América Latina.

Legisladores presionan por respuestas

Con investigaciones ya en curso, congresistas buscan determinar si hubo abuso de fuerza, si se respetaron las cadenas de mando y si el secretario de Defensa ordenó acciones que exceden los límites legales.

El consenso bipartidista apunta a que, más allá del resultado, el Congreso deberá fortalecer la supervisión de los operativos militares realizados fuera de la vista pública y justificados bajo criterios de seguridad nacional.

“Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado muy severa e injustamente, según personas a las que respeto profundamente”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde también reiteró su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, de cara a las elecciones de este domingo en Honduras.

El exgobernante estadounidense aseguró que, si Asfura gana la presidencia, Estados Unidos enviará “mucho apoyo” a Honduras, pero advirtió que si no resulta electo, Washington “no dará buen dinero” porque —dijo— “un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”. En el mismo mensaje, felicitó anticipadamente a Hernández por su “próximo indulto”.

Hernández, extraditado en abril de 2022, fue sentenciado en marzo de 2024 por tres cargos de narcotráfico y posesión de armas, tras ser acusado de participar en una conspiración que habría introducido más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de recibir financiamiento del “Chapo” para fortalecer campañas electorales.

Trump aseguró que la “democracia está en juego” en Honduras y acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus “narcoterroristas” de intentar expandir su influencia en la región “como lo hicieron en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. En este contexto, posicionó a Asfura como un contrapeso a ese presunto avance.

Más de seis millones de hondureños acudirán a las urnas este domingo para elegir a quien suceda a la presidenta Xiomara Castro en 2026. Asfura compite contra Rixi Moncada, de izquierda, y Salvador Nasralla, presentador y figura conservadora sin respaldo pleno de Washington. El proceso electoral ya enfrenta señalamientos de fraude, injerencia militar y presiones desde la Fiscalía.

La periodista Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, cuestionó a Trump sobre la desclasificación de documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. El mandatario, visiblemente molesto, respondió: “Cállate. Cállate, cerdita”, mientras le apuntaba con el dedo, evadiendo nuevamente responder si los archivos lo involucraban.

El presentador de CNN Jake Tapper calificó la actitud del presidente como “repugnante e inaceptable”. Por su parte, la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también condenó el insulto, tachándolo de “degradante”.

En un comunicado, Bloomberg defendió la labor de su equipo, señalando que sus corresponsales cumplen una función pública esencial “formulando preguntas sin miedo ni favoritismos”, y reiteró su compromiso con informar de manera justa y precisa.

No es un hecho aislado. Los ataques de Trump hacia periodistas se han vuelto recurrentes durante sus conferencias, acusándolos de difundir “fake news” cada vez que una pregunta lo incomoda.

Ese mismo martes, ya en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, Trump llamó “pésima reportera” a Mary Bruce, de ABC News, después de que ella lo cuestionara sobre su decisión de dejar en manos del Congreso la publicación de los archivos de Epstein. Incluso amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena.

El encuentro virtual se da en un contexto tenso, luego de que Trump amenazara con incrementar los aranceles como represalia por lo que considera una falta de resultados de México en materia de combate al narcotráfico y migración irregular. El gravamen podría entrar en vigor el 1 de agosto, afectando severamente la economía nacional.

Desde hace semanas, el gobierno mexicano, encabezado en las negociaciones por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha presentado diversas propuestas para reducir el déficit comercial bilateral y evitar el alza arancelaria. Sin embargo, las conversaciones se han trasladado al nivel presidencial ante la falta de avances concretos.

Ebrard aseguró que “México ya hizo lo que le correspondía” y que ahora todo depende de la voluntad del mandatario estadounidense. Por su parte, Sheinbaum expresó su confianza en alcanzar “un buen acuerdo” antes del plazo establecido, aunque reconoció que se trata de una semana “complicada y decisiva”.

De concretarse el arancel, se impactaría de manera directa a productos como acero, autopartes, textiles y alimentos procesados, lo que podría derivar en una crisis económica y comercial para México.

“El Cártel de Sinaloa es uno de los más duros que existen. Las autoridades mexicanas están petrificadas de ir a trabajar porque los cárteles tienen un tremendo control sobre México”, afirmó Trump desde Washington.

La firma de la Ley HALT Fentanyl, que endurece las penas por el tráfico de esta sustancia, fue el contexto en el que el exmandatario arremetió contra los grupos criminales mexicanos. Dicha legislación tipifica como delito grave la producción, distribución y tráfico de cualquier variante química del fentanilo, con penas mínimas de hasta 10 años de cárcel por posesión de más de 100 gramos.

Trump también acusó que, tras el cierre temporal de la frontera sur, los narcotraficantes mexicanos recurrieron a rutas marítimas e incluso a submarinos para cruzar la droga. No obstante, aseguró que su gobierno logró frenar estos intentos.

El fentanilo fue responsable de cerca de 50,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2024, según cifras oficiales.

“El mundo es ahora un lugar más seguro”, declaró Trump, tras indicar que el objetivo fue neutralizar el programa nuclear iraní. No se ofrecieron detalles específicos sobre el armamento utilizado ni sobre los daños colaterales, aunque aseguró que se trató de un ataque preciso.

Por su parte, el gobierno de Irán minimizó el impacto del bombardeo. Según reportes oficiales, los sitios atacados sufrieron daños menores y parte de la infraestructura continúa operando. Las autoridades iraníes calificaron la ofensiva como un acto de provocación y prometieron una respuesta “medida pero firme”.

En medio del cruce de declaraciones, la comunidad internacional observa con preocupación el aumento de tensiones entre ambos países, mientras crece el temor por una posible escalada en Medio Oriente.

“Simpatizo con todo lo que está diciendo, pero no creo tener el poder de hacer nada”, expresó Boasberg ante los abogados de defensa de inmigrantes en Texas.

Aunque por el momento no hay vuelos programados, un vocero del Departamento de Justicia confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su facultad de proceder con las expulsiones a partir de mañana, si así se decide.}

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En paralelo, Trump difundió en su red Truth Social videos de operativos de traslado de migrantes en aviones con destino a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, dirigida por el presidente Nayib Bukele. Las imágenes muestran a personas encadenadas y escoltadas por fuerzas militares, lo que ha desatado críticas y teorías conspirativas sobre la naturaleza de dicho centro penitenciario.

El Papa Francisco reaparece en la Vigilia Pascual y conmueve al mundo católicohttps://t.co/MltPVezefz pic.twitter.com/SkyDi4ABDl

— playaaldia (@playaaldia) April 19, 2025

Una imagen tomada desde Google Maps que muestra una gran mancha roja en el complejo carcelario se volvió viral en TikTok, alimentando versiones sobre un posible “campo de exterminio” de migrantes deportados. Aunque estas teorías no han sido confirmadas, el debate sobre los límites legales y éticos de las deportaciones bajo leyes de guerra se intensifica.