A través de un comunicado, los legisladores informaron que la decisión responde a la necesidad de revisar aspectos técnicos en la redacción del dictamen, con el objetivo de evitar inconsistencias legales y garantizar que la propuesta cumpla con la normatividad vigente.

Detallaron que el documento aún se encuentra en proceso de revisión en materia de técnica legislativa, luego de detectar áreas que requieren ajustes para evitar posibles impugnaciones futuras que pudieran frenar la reforma.

Además de los ajustes técnicos, persisten desacuerdos políticos entre las fuerzas parlamentarias. Entre los temas pendientes destacan la postura del Partido del Trabajo (PT) sobre la fecha de la revocación de mandato, así como la posibilidad de que los partidos políticos participen en la promoción de este ejercicio.

Otros puntos sin consenso incluyen la paridad de género y los mecanismos para la integración de los ayuntamientos, lo que llevó a los legisladores a frenar el proceso antes de someter el dictamen a votación sin acuerdos sólidos.

Las comisiones señalaron que la nueva fecha para la discusión será notificada una vez que el dictamen esté concluido y distribuido conforme a lo establecido en el reglamento del Senado.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, adelantó que la reunión podría realizarse en las próximas horas o incluso este martes, siempre y cuando se logren los consensos necesarios.

Cabe recordar que el dictamen deberá ser publicado con al menos 12 horas de anticipación antes de su discusión formal.

El establecimiento, equipado con espejos, tocadores, planchas para el cabello y servicios profesionales de maquillaje y tintes, fue reactivado recientemente luego de haber sido clausurado en 2018 bajo el argumento de eliminar privilegios considerados innecesarios.

La polémica escaló tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se observa a una legisladora recibiendo un tinte de cabello en horario laboral, lo que detonó una ola de críticas y obligó a integrantes de la bancada oficialista a fijar postura pública.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Andrea Chávez aseguró que no tiene relación alguna con la instalación del espacio y respondió a los señalamientos afirmando que ella “se peina en su casa”. En la misma línea, Cynthia López negó haber gestionado el servicio.

Desde la oposición, la senadora panista Lilly Téllez señaló a Chávez como una de las principales usuarias del salón, junto con el excoordinador Adán Augusto López. Ambos rechazaron las acusaciones y calificaron los señalamientos como falsos.

Sin embargo, la controversia tomó un giro interno cuando la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, expresó su “tristeza” y “decepción” al asegurar que quienes hoy niegan vínculos con el salón conocían su funcionamiento e incluso la invitaron a utilizarlo.

“Me ha dado mucha tristeza que ni siquiera una pregunta me hayan hecho”, declaró Guerra, quien calificó la actitud de sus compañeras como una “falta de sororidad”, al sentirse sola frente al escrutinio público tras la difusión del video.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, defendió la existencia del espacio argumentando que las y los legisladores deben estar “bien presentados” para las sesiones. Aclaró que el Senado no cubre salarios ni insumos del salón y que cada legisladora paga directamente por los servicios que solicita.

El caso ha abierto nuevamente la discusión sobre los límites entre la imagen institucional y los compromisos de austeridad que han sido bandera política en los últimos años.

La iniciativa, impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila y previamente avalada por la Cámara de Diputados, fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“El proveedor deberá implementar mecanismos que permitan al consumidor cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”, establece el dictamen aprobado.

Transparencia y consentimiento informado

La reforma también dispone que ninguna empresa podrá modificar tarifas o realizar cobros automáticos sin el consentimiento expreso del consumidor. En caso de renovaciones automáticas, las compañías estarán obligadas a notificar con al menos cinco días naturales de anticipación, permitiendo la cancelación sin penalizaciones.

Los senadores coincidieron en que la medida corrige una omisión legal histórica, ya que las principales quejas ante la Profeco están relacionadas con renovaciones forzadas, cobros indebidos y dificultades para cancelar servicios.

“Se trata de proteger a los consumidores digitales frente a prácticas abusivas que restringen su libertad y su derecho a decidir”, afirmó Monreal durante la sesión.

Fin a las “suscripciones eternas”

Casos de usuarios que enfrentaban obstáculos interminables para cancelar servicios de streaming, membresías de gimnasios o paquetes telefónicos fueron el punto de partida del debate legislativo.
Con esta reforma, México se suma a la tendencia internacional que exige que cancelar un servicio sea tan fácil como contratarlo, garantizando el control del usuario sobre su dinero y sus datos personales.

Impacto y alcances

Para las empresas, la nueva disposición implica modernizar sus plataformas, simplificar procesos de baja y respetar la voluntad del consumidor ante cualquier cambio de tarifa.
Para los usuarios, representa una victoria digital y ciudadana, al poder decidir con libertad cuándo permanecer o retirarse de un servicio sin sufrir cobros indebidos.

Un paso hacia la justicia digital

La aprobación de esta reforma fortalece los derechos digitales de los consumidores y marca un precedente en la regulación del comercio electrónico en México, al poner fin a las suscripciones interminables y promover una relación más transparente y justa entre empresas y usuarios.

La reforma —ya avalada en comisiones por la Cámara de Diputados— plantea la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos, el contacto físico forzado con humanos y la reproducción artificial en cautiverio. También propone la reubicación progresiva de estos animales desde tanques de concreto a corrales marinos naturales, para mejorar su salud, bienestar físico y emocional.

“Esta reforma es una oportunidad histórica para que México avance hacia un modelo ético y científico de respeto hacia los mamíferos marinos, quienes han evolucionado por millones de años para vivir en libertad, no en piscinas”, señalaron integrantes de la campaña Empty the Tanks México, principal promotora de esta iniciativa.

La presión pública llega tras múltiples denuncias de negligencia, muertes encubiertas de delfines y lobos marinos, así como agresiones ocurridas durante espectáculos. Se han documentado fracturas vertebrales, dislocaciones mandibulares, infecciones graves, fallas renales y enfermedades neurológicas ocasionadas por la vida en cautiverio y la mala calidad del agua.

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La evidencia científica y el ejemplo de países como Canadá, Francia, Chile y Australia —que ya han aprobado legislaciones similares— respaldan este llamado urgente a la acción.

Largas filas por salud sin burocracia en Villas del Solhttps://t.co/mEHwFPL8xm pic.twitter.com/EjzUgbypkC

— playaaldia (@playaaldia) June 11, 2025

La campaña se difunde en redes sociales bajo los hashtags #AdiósDelfinarios #EmptyTheTanksMéxico #60BisSíReforma #SenadoVotaYa, e invita a la ciudadanía a enviar cartas dirigidas a senadores clave, entre ellos los integrantes de la Mesa Directiva y la Comisión de Medio Ambiente, presidida por la senadora Maki Ortiz. También se ha solicitado la intervención de la PROFEPA y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El Senado tiene en sus manos el poder de transformar esta realidad. Solo falta su voluntad para votar lo que ya está listo”, señalaron activistas.

¿Cómo participar?

Cualquier persona puede sumarse enviando una carta modelo —disponible en las redes sociales de Empty the Tanks México—, en un proceso que toma menos de cinco minutos e incluye plantillas, correos electrónicos y mensajes listos para compartir.

Contacto de prensa: comunicacion@emptythetanks.org

Este fallo representa una victoria significativa para Sheinbaum, quien ha enfrentado desafíos judiciales sobre la publicación de la reforma. La controversia giraba en torno a si la presidenta tenía la facultad de acatar dicha orden. El Senado dejó claro que Sheinbaum no tiene atribuciones legales para eliminar una reforma del DOF.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió la decisión afirmando que la publicación de la reforma es un acto “irrevocable e irreversible”. Según él, el Senado tiene la responsabilidad de “defender la Constitución vigente y las tareas ya realizadas”.

El argumento principal del Senado es que una vez publicada, la reforma se convierte en un hecho consumado, y su eliminación sería inviable. Además, enfatizaron que la presidenta no tiene la facultad legal para revertir la publicación de una reforma constitucional en el DOF.

Respaldo desde la Cámara de Diputados

El apoyo a Sheinbaum no se limitó al Senado, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, también afirmó que la eliminación de la reforma judicial es “legalmente imposible”. Según Gutiérrez Luna, cualquier resolución judicial que intente revertir la reforma carece de fundamento jurídico.

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Ambas cámaras coincidieron en que no hay base legal para eliminar la reforma del DOF, lo que refuerza la posición de Sheinbaum y consolida el respaldo legislativo en este tema clave para su gobierno.

La advertencia de la jueza Nancy Juárez

A pesar del apoyo legislativo a Sheinbaum, la jueza Nancy Juárez Salas ha sido enfática en su postura. En una entrevista, advirtió que si el gobierno federal no acata su orden de eliminar la reforma del DOF, el caso podría ser llevado al Ministerio Público.

Según Juárez, la Ley del Diario Oficial no impide la eliminación de una publicación, y argumenta que la suspensión definitiva de la reforma debe cumplirse. Advirtió que el gobierno tiene la obligación de actuar en consecuencia.

¿Qué sigue para Sheinbaum y la reforma judicial?

La decisión del Senado y la Cámara de Diputados refuerza la posición de Sheinbaum en este conflicto. Sin embargo, el caso podría seguir escalando, ya que la jueza Juárez ha dejado abierta la posibilidad de acciones legales si no se cumple con su orden.

Este conflicto refleja las tensiones entre los distintos poderes del gobierno en México, y cómo las decisiones judiciales pueden influir en la implementación de políticas públicas. Mientras tanto, Sheinbaum celebra una victoria que consolida su liderazgo y su influencia en el proceso de reforma judicial.

Es la primera vez que la Conafa llega al Senado de la República, a través de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, Capítulo México (GOPAC México), misma que preside la Senadora Minerva Hernández Ramos.

Villanueva Arzápalo en su calidad de Presidenta de la Conafa, explicó ante legisladores, especialistas en distintas materias y Fiscales Anticorrupción de todo México, las prioridades, estrategias y políticas de la Convención, a fin de abatir la impunidad y la corrupción, para reestablecer la credibilidad ciudadana y mantener la vigencia del Estado de derecho.

En ese sentido, el Plan Nacional de Trabajo nace de la presentación del mismo en la IV Cumbre de Fiscales Anticorrupción, elaborado por la Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, con el objetivo de trabajar en conjunto los ejes rectores para el crecimiento institucional y prevención del delito, haciendo un trabajo sinérgico con instituciones tanto nacionales como extranjeras.

Villanueva Arzápalo, en conjunto con diversos especialistas, elaboraron un documento único donde plasma estructuradamente sus ejes con sus líneas de acción para lograr el cumplimiento de las metas dispuestas.

Este plan refleja sinergias con organismos como: el Sistema Nacional Anticorrupción, la Embajada de los Estados Unidos de América, la Embajada Británica en México, Sociedad Civil (Tojil, Consejeros en Integridad y Cumplimiento), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y el Comité de Participación Ciudadana.

La presidenta de la Conafa explicó que este Plan de Trabajo está dividido en cinco importantes ejes:

1. Visibilidad Institucional.

2. Prevención del Delito.

3. Intercambio de buenas prácticas entre las Fiscalías Especializadas que integran la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA).

4. Fortalecer las capacidades institucionales de las Fiscalías.

5. Mejorar la imagen de las Fiscalías Anticorrupción y su posicionamiento en la sociedad.

En ese sentido, fue importante establecer que desde el año 2018 se han llevado a cabo reuniones de trabajo para unir esfuerzos y fortalecer el trabajo de las FECC anticorrupción a nivel nacional.

Para lograr los objetivos, fue necesario distribuir de manera más eficiente el cumplimiento de las funciones, el ejercicio de las facultades, la implementación de acciones y el desempeño de todas las actividades necesarias para la consecución del objeto social de la CONAFA.

Es por ello que el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se dividió en cinco zonas geográficas y cada una presentó tareas de prevención, investigación, sanción y erradicación de la corrupción.

La Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo agradeció a cada integrante de esta importante convención por su responsabilidad y compromiso en el combate a la corrupción.

Por su parte, la presidenta de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción Capítulo México, la senadora Minerva Hernández Ramos, afirmó que el diálogo entre legisladores y fiscales robustecerá el marco jurídico en la materia e impulsará la impartición de justicia contra los funcionarios que defraudan la confianza ciudadana.

Reconoció que, en ocasiones, las y los legisladores pierden de vista la problemática que puede derivarse de la real aplicación de la norma, de ahí la importancia de tener una relación estrecha con las y los fiscales anticorrupción.

Además, dijo que el combate a la corrupción debe ser una parte primordial de la agenda pública, ya que este lastre limita la confianza ciudadana, la fortaleza institucional y el desarrollo económico de México; “es una gran limitante para el disfrute de la vida democrática plena que merecemos los mexicanos.

Tras la presentación del Plan de Trabajo, se llevó a cabo el Conversatorio denominado: Recuperación de Activos y Capacitación como Estrategia de una Política Anticorrupción Exitosa.

A esta importante reunión en el Senado asistieron:

La Licenciada Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en representación de la Licenciada Mara Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo.

La Doctora Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Doctora Patricia Terraza Baca, Diputada Federal por el Estado de Chihuahua e Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El Maestro Carlos Hernández Vázquez, especialista en prevención y combate a la corrupción, ex miembro del equipo de la ONU encargado de implementar la Convención Nacional Contra la Corrupción.

El Licenciado José Antonio Oloarte Atanasio, Cabildero Registrado ante el Senado de la Republica.

El Doctor Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Magistrado Presidente del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

La Maestra Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Presidenta Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo – México Country Chair G100 Integrity & Compliance.

Así como José Alfredo Contreras Méndez, Presidente Municipal Del H. Ayuntamiento De Bacalar, entre otros.

Con el voto en contra de toda la oposición y de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Rafael Espino, este dictamen se aprobó con 65 votos a favor y 52 en contra en lo general y con 64 votos a favor y 48 en contra en lo particular, por lo que fue devuelto a la Cámara de Diputados con modificaciones.

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Así se aprobó el proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda.

“No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”, dice el dictamen aprobado que será remitido para su ratificación a la Cámara de Diputados.

La reforma se turnó al Ejecutivo federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor en 2023.

Previamente, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda avalaron el dictamen en materia de vacaciones dignas.

Con voto unánime, ambas comisiones aprobaron la minuta que fue remitida desde la Cámara de Diputados, de tal forma que se discuta en el Pleno del Senado éste mismo día. Además de los 12 días de vacaciones, el dictamen también propone que por cada año laboral, aumenten dos días de vacaciones hasta llegar a 20 días.

De esta manera, la minuta modificaría los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en los cuales se considera actualmente que por año, los trabajadores tienen derecho a por lo menos seis días de vacaciones pagadas. De aprobarse la reforma, los días mínimos se duplicarían.

Durante el debate, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sostuvo que los doce días mínimos de vacaciones, podrán ser utilizados como mejor le convenga a los trabajadores y que esa decisión también aplicará para cuando los días vacacionales aumenten a 14, 16, 18 o 20.

Esta legislación entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo aplicará tanto a contratos individuales como colectivos.

En la discusión del dictamen, el senador morenista, José Narro Céspedes refirió la importancia de esta reforma, debido a que el tema de vacaciones dignas en México tenía un rezago de 40 años. Aunado a esto, apuntó que dicha legislación se suma a las políticas del gobierno federal en turno, entre las que destacó el aumento de salario mínimo, libertades y democracia sindical.

Ahora, el siguiente paso es que el Senado lo discuta en el pleno la próxima semana y sea aprobada, y posteriormente el dictamen será turnado como minuta a la Cámara de Diputados para que siga su proceso legislativo.

También se propuso que la medida entre en vigor inmediatamente en el año siguiente, es decir, en el 2023.

Esta reforma amplía a 32 el número máximo de días de vacaciones anuales para los empleados con mayor antigüedad y fija un piso mínimo de 12 días de descanso para los trabajadores con un año cumplido en el centro de trabajo.

De acuerdo con el dictamen avalado en la Comisión del Trabajo, el empleado que cumpla un año de labores pasará de gozar 6 días de vacaciones a tener 12, mientras quien tenga de 5 a 9 años de antigüedad gozará de 20 días de descanso en lugar de los 14 actuales.

Asimismo, a manera de ejemplo, el trabajador que tenga de 20 a 24 años de antigüedad, contará con 26 días de vacaciones al año en lugar de los 20 que disfruta actualmente, y en el caso de 30 a 34 años, el empleado tendrá 30 días de asueto anuales en lugar de los 24 actuales.

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El presidente estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, Faustino Uicab Alcocer, lamentó que Morena en el Senado no tuviera la voluntad política para votar a favor de bajar el IVA al 8 por ciento en Chetumal y tachó de irresponsables a los senadores Marybel Villegas y José Luis Pech de esta bancada ya que ni siquiera estuvieran durante la votación de dicha propuesta.

“Es lamentable el falso discurso de Morena, de proteger a los que menos tienen, impidiendo que baje el IVA para los chetumaleños, que además se trata de una propuesta incumplida del presidente López Obrador”, dijo.

El dirigente estatal, resaltó el compromiso de la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez, pues refrendó su compromiso con los chetumaleños y los quintanarroenses.

Destalló que fue la única senadora quintanarroense en estar presente durante la discusión de la ley de ingresos y el paquete fiscal de la federación, y que apoyó, junto con el grupo parlamentario del PAN en el senado, la iniciativa para bajar el IVA al 8% en Chetumal, así como también iniciativas para destinar recursos al combate del sargazo y para bajar el ISR a tasa cero para los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales.

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“El objetivo de las iniciativas para bajar el IVA y el ISR, era que a los que menos tienen les alcance para más, reducir la carga de impuestos ayudaría a que las familias pudieran percibir un poco más, sin afectar la recaudación de la federación, pues indicó, la propuesta de bajar el ISR a tasa cero para quienes perciben menos de 10 mil pesos al mes, representa el 1% de la recaudación total, y hubiese permitido incrementar los ingresos de los que menos ganan en alrededor de un 10%. Esto aunado a la iniciativa de bajar el IVA para Chetumal, pudo haber ayudado a que los capitalinos percibieran un poco más, y les pudo haber permitido ser más competitivos como zona fronteriza”.

Por último, Uicab Alcocer lamentó que Morena no esté dispuesto a ayudar a nadie más que al presidente, pues hasta ahora tenemos un paquete fiscal que solo busca recaudar a expensas de los ciudadanos, que no apoya a los emprendedores, que no apoya a la educación, que no apoya a quienes resultaron afectados en la pandemia y a los que menos tienen.

“Desde cada una de las trincheras de Acción Nacional, seguiremos luchando para que a los quintanarroenses sus ingresos les alcancen para más y poder darles tranquilidad a sus familias”, añadió.