Borge gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016. Tras concluir su mandato abandonó el país y fue detenido el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa. Posteriormente fue extraditado a México el 4 de enero de 2018 y desde entonces permanecía recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.

Su situación jurídica se dividía en dos frentes. En el ámbito estatal enfrentaba procesos relacionados con la empresa paraestatal VIP-Saesa, por presuntos contratos irregulares de servicios aéreos que habrían provocado un daño patrimonial superior a los 300 millones de pesos.

Sin embargo, el proceso federal continúa vigente. La Fiscalía General de la República lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas del presunto remate de 22 predios pertenecientes a reservas territoriales del estado, vendidos presuntamente a familiares y prestanombres por debajo de su valor real, en una operación estimada en alrededor de 900 millones de pesos.

Además, en marzo de 2023 se le imputó el delito de delincuencia organizada, acusación que no estaba contemplada en los términos autorizados por Panamá durante su extradición y que implica prisión preventiva oficiosa.

Aunque Roberto Borge seguirá enfrentando las acusaciones federales, todo apunta a que habría logrado librar los procesos del fuero común, lo que podría abrirle la puerta para obtener una libertad limitada y bajo medidas de control judicial.

Cabe recordar que Labastida Mendoza se habría resistido a un asalto, ocurrido el 22 de julio a las puertas de la empresa Desarrollos Tankah, por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta.

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Uno de los asaltantes le disparó en la cabeza por lo que Labastida Mendoza fue trasladado a una clínica privada para su atención médica.

Labastida Mendoza fue intervenido quirúrgicamente y se encontraba en recuperación; aunque falleció consecuencia de una infección.

Tras el balazo de que fue objeto en Tulum el fin de semana, el exfuncionario estatal, quien ahora trabajaba para la iniciativa privada en el noveno municipio, fue trasladado de emergencia a Playa del Carmen, en donde un neurocirujano de Cancún, lo intervino quirúrgicamente.

El personal médico que atiende al exconsejro jurídico durante el gobierno de Roberto Borge, reporta que el paciente Raúl Labastida se encuentra estable dentro de los problemas que lo aquejan pero recomiendan que lo mantengan en terapia intensiva para vigilar su evolución.

Hasta ahora, el estado de salud de Labastida Mendoza se reporta como estable y con pequeñas mejorías, aunque debe permanecer aún en el área de terapia intensiva donde fue colocado desde el día del incidente para monitorear de manera permanente cualquier cambio en su estado de salud, informó el equipo médico que lo atiende.

#Enterate Familia Beristain, cómplice de violencia contra la mujer; Las señoras Beristain y Joana Valentina Alvarez Castañeda siguen solapando a este deudor y estafador, el cual es buscado por la autoridades de Quintana Roo. Continuar leyendo … https://t.co/OJKc4eihTZ pic.twitter.com/B2j13RJUbk

— playaaldia (@playaaldia) July 26, 2022

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Labastida Mendoza fue víctima de un asalto en el primer cuadro de Tulum, cuando terminaba de realizar un retiro bancario para el pago de la nómina de la empresa inmobiliaria Desarrollos Tankah, propiedad de Jorge Portilla Manica, que se ubica entre la calle Centauro, entre Tulum y Polar del centro de la ciudad.

Tras el atraco, los delincuentes le dispararon en la cabeza a Labastida Mendoza quien fue ingresado al hospital CostaMed de Tulum, para posteriormente ser trasladado a Playa del Carmen, para ser intervenido quirúrgicamente, sitio en el que permanece con ligeros avances en su estado de salud.

El último de los reportes señala que, “el Paciente Raúl Labastida continúa estable, su presión intracraneal ha disminuido pero con tendencia a subirle. Se ordena que sea mantenido en el área de terapia intensiva por los próximos días a la espera de que evolucione favorablemente”.

El ataque al exfuncionario estatal ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este viernes, pues entonces se reportaron al número de emergencias 911, indicando detonaciones de arma de fuego sobre la calle Centauro Norte, entre Polar y avenida Tulum, a espaldas de un bar denominado Santino.

Elementos de la Policía Municipal de Tulum y la Guardia Nacional se movilizaron al sitio, en donde ingresaron a un inmueble ubicado detrás del bar Santino, que son oficinas de la inmobiliaria Desarrolladora Tankah, y confirmaron que un hombre resultó herido de bala, y aunque no se mencionó en que parte del cuerpo, más tarde trascendió que fue en la cabeza.

La víctima vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y zapatos tipo mocasines color negro, al momento de ser ingresado a una ambulancia particular, tenía la extremidad superior cubierta con un trapo blanco.

El herido fue trasladado a una clínica de Tulum y su estado de salud se reporta como grave, por lo que posiblemente será trasladado al Hospital General de Playa del Carmen.

De acuerdo con información preliminar recabada, el ataque podría tratarse de un asalto, ya que el sujeto presuntamente se había quitado de un banco y sus agresores lo venían siguiendo en una moto hasta la oficina, donde un delincuente lo amagó para exigirle el dinero y luego de tomarlo, le disparó.

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Después se supo que se trataba del abogado Raúl Labastida Mendoza, quien colabora con Jorge Portilla Mánica, secretario general de la comuna de Tulum, y que fue Consejero Jurídico del gobernador Roberto Borge, y antes había sido Subprocurador de Justicia.

Trascendió que al momento del ataque el abogado llevaba consigo dinero en efectivo que había retirado del banco, que se especuló se trataba de la nómina de la empresa inmobiliaria Desarrollos Tankah, propiedad de Jorge Portilla Mánica.

Chetumal. – En un hecho que confirmó el Gobierno Federal, las cuentas bancarias de Roberto Borge Angulo están “congeladas” por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior fue el resultado de investigaciones e intercambio de información con gobiernos de al menos una decena de paraísos fiscales.

Sobre Roberto Borge Angulo pesan denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, motivo por que fueron congeladas sus cuentas bancarias.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, resolvió asegurar y congelar las cuentas bancarias del ex mandatario estatal, luego de la información recabada mediante sendas investigaciones llevadas a cabo en diversos paraísos fiscales, donde se detectaron capitales y bienes del ex político cozumeleño.

Cabe destacar que para que ahora fuera posible el congelamiento de las cuentas de los ex mandatarios estatales se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el ex ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, cuyo paradero se desconoce, promovió jurisprudencias para evitar el congelamiento de cuentas de los presuntos involucrados en ilícitos.

Las jurisprudencias que Medina-Mora promovió, según las autoridades federales, contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida: “Es necesario que en el Senado se impulsen reformas tendientes a cumplir los objetivos de las convenciones e identificar a los testaferros que están recibiendo recursos y operan a nombre de terceros”, señaló.

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De hecho, podría decirse que luego de los recursos impulsados por Medina-Mora, ciertos ex servidores públicos implicados se sintieron seguros y confiados en que no pasaría nada, pero ante la jurisprudencia que fue aclarada, el número de amparos contra el congelamiento de cuentas se elevó.

La Unidad de inteligencia Financiera (UIF), ordenó congelar las cuentas del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que actualmente se encuentra sujeto a prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) en el Barrio de San Luis, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, en el Municipio de Ayala, Morelos.

Anteriormente Borge Angulo ya había sido objeto de investigaciones por parte de la UIF, por el delito de lavado de dinero. La acusación fue formulada por el Ministerio Público Federal en 2010, cuando el Gobierno Federal estaba a cargo del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

La denuncia fue contra Borge Angulo y contra quien resulte responsable, conforme al acta circunstanciada 234/FEPADE/2009, la cual fue elevada a categoría de averiguación previa el 10 de noviembre de ese mismo año y se le asignó el número de carpeta 284/FEPADE/2009.

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La UIF elaboró el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales de la UIF, en donde se especificaba que Roberto Borge había recibido dinero en efectivo en su cuenta bancaria, por 3 millones 895 mil 290,74 pesos, de los cuales 2 millones 98 mil pesos correspondieron a 20 depósitos y un millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares.

Las investigaciones en su contra iniciaron cuando el Banco HSBC emitió un reporte de operación inusual, el 28 de diciembre de 2004, cuando Borge era secretario particular del entonces diputado federal, Félix Arturo González Canto.

Las indagatorias revelaron que, en menos de 3 meses, se hicieron depósitos en la cuenta bancaria personal de Borge por casi 4 millones de pesos en efectivo, que no pudieron ser comprobados legalmente. (Con información de 5to Poder).

Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) logró una nueva vinculación a proceso en contra de Roberto “N”, ex gobernador del Estado de Quintana Roo, por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en relación a la carpeta 151/2017.

El día de hoy (20 de diciembre de 2020) se llevó a cabo una audiencia de cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo 516/2019, en relación a la vinculación a proceso y providencias precautorias decretadas el 14 de mayo de 2019.

En esa vinculación, se determinaron medidas necesarias que tenían relación a las asambleas que se aprobaron y celebraron a través de un Consejo Directivo, los días: 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013.

Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional federal ordenó una nueva audiencia, dejando insubsistente el auto de vinculación a proceso del 14 de mayo de 2019, aclaró que ocurriría únicamente por lo que hace a la aprobación y celebración de la asamblea del 5 de abril de 2011.

En ese sentido, quedó abierta una nueva fecha para separar los hechos imputados atendiendo a que ha prescrito la acción penal, por el hecho imputado que la Ley señala como delito de aprovechamiento ilícito del poder (asamblea del 5 de abril).

Juez permite nueva imputación al ex gobernador de Quintana Roo

En la nueva audiencia, celebrada en una sala del Juzgado Penal, el Juez de Control se pronunció al respecto y permitió que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una nueva imputación, aceptando el auto, para que se atienda solamente la aprobación y celebración de la asamblea del 6 de diciembre de 2013.

En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una nueva vinculación a proceso, por el delito ya mencionado, en lo que respecta a los hechos que no fueron sujetos de protección federal (asamblea celebrada el 6 de diciembre de 2013).

Los Fiscales expusieron los hechos acontecidos en dicha conducta, no prescrita, y resultó oportuno por el Juzgador ordenar una nueva vinculación junto con las medidas precautorias pertinentes por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, a fin de que continúe en prisión preventiva.

Esto quiere decir que Roberto “N” continuará preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, sitio en Ayala, en el Estado de Morelos, debido a que aún enfrenta acusaciones del orden local y federal. Lee más Noticias Playaaldia

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Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) continuará con el proceso por el delito de peculado en contra del ex gobernador Roberto “N”, debido a que el Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Zacatecas, negó el Juicio de Amparo 1139/2019 promovido por su defensa.

El sentido de la resolución es que el ex gobernador no cumplió con las condiciones de venta en que debían hacerse, es decir, haber procurado que se destinaran para el beneficio público. Además, aún con los dictámenes de procedencia y los avalúos, no impedía que se tuviera por establecido que sí hubo una distracción del objeto de los mismos, como es destinarlos a beneficio público.

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Se trata de una resolución al Juicio de Amparo 1139/2019, promovido ante el Juzgado Sexto de Distrito de Chetumal y que resultó por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en el Estado de Zacatecas. El Acto Reclamado fue por la vinculación a proceso dictada dentro de la carpeta administrativa 159/2017 en contra del ex mandatario estatal.

La defensa utilizó diversos argumentos, sin embargo, todos estos fueron debatidos y se confirmó que no se vulneró el principio de especialidad, en virtud de la formulación de imputación y vinculación a proceso, debido a que fueron hechos por los cuales se le solicitó su extradición.

La defensa argumentó que fue ilegal la acusación, ya que tenía fuero y solo podía ser acusado de delitos graves, haciendo valer de forma retroactiva el artículo 162 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo (actualmente reformada).

Sin embargo, dicho argumento quedó sin fundamento, debido a que dicha formulación de imputación se realizó posteriormente que dejó su cargo, por ende, ya no gozaba de fuero alguno.

Yucatán.- A través de una orden de cateo, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, detuvieron en Mérida Yucatán a José Alejandro M. R., quien fuera tesorero del Gobierno del Estado, durante la administración de Roberto Borge.
De acuerdo con la información recabada fue entre las 5 y 6 de la tarde cuando fue detenido el ex servidor público, con el apoyo de agentes ministeriales de Yucatán, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pretende imputarle el delito de peculado.
Se sabe que la demanda en contra del ex funcionario borgista, estaría sustentada en el pliego de observaciones 16-A-23000-02-1384-06-001, de la secretaría de la contraloría, dependencia que sustentó un probable daño y/o perjuicio a la hacienda pública del estado de Quintana Roo.

Esto debido a que José Alejandro M. R no proporcionó ni tampoco hizo la asignación presupuestal, ni se acreditó debidamente el destino de los recursos de las participaciones federales a entidades federativas correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.
Por el momento, no se tiene conocimiento de a qué institución penal estaría siendo trasladado el ex funcionario, ni se tienen mayores datos del lugar donde fue asegurado, pero se especula que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ofrezca información a este respecto más tarde.
En 2018 se liberó una orden de aprensión en su contra por irregularidades en la falta de comprobantes en pagos a productores quintanarroenses por más de mil 580 millones de pesos, así como aplicaciones al presupuesto de la ex Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) no autorizadas.(Con información de El Punto sobre la i y Sipse).

Cancún.- Un peritaje de grafoscopía confirmó que en 2016 el entonces candidato del PRI a gobernador de Quintana Roo, Mauricio Góngora, firmó 9 recibos por 200 millones de pesos para su campaña, dinero que siguió una intrincada ruta desde que Odebrecht lo entregó a Emilio Lozoya Austin y éste último al entonces titular del Ejecutivo estatal, Roberto Borge, preso ahora por cargos de corrupción y desvío de recursos públicos.

La detención de Lozoya, ex titular de Pemex, destapó depósitos millonarios por parte de Odebrecht para financiar campañas del PRI entre 2010 y 2016 en los estados de Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo, incluida la que llevó a la gubernatura al hoy preso Roberto Borge.
Sin embargo, las investigaciones sobre esos recursos fueron iniciadas hasta 2017 por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), como lo confirmaron en su momento el entonces fiscal Santiago Nieto y Diana Talavera, quien fungía como directora de Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la misma fiscalía.

Entre los gobernadores investigados, la mayoría de los cuales están ahora en prisión, Borge habría entregado los 200 millones de pesos a Mauricio Góngora por intermedio de Eliezer Villanueva, entonces subsecretario técnico de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Con cada entrega, de entre 20 y 50 millones de pesos en efectivo, Mauricio Góngora firmaba un recibo, según se desprendió de las investigaciones de la Fepade. El primer recibo fue el 7 de marzo de 2016 por 50 millones de pesos. La Fiscalía analizó la firma por medio de un peritaje de grafoscopía y los peritos confirmaron que se trataba de la firma de Mauricio Góngora, el ex candidato priista que firmó 9 recibos por una suma total de 200 millones de pesos.
En julio de 2017, antes de que fuera destituido de la Fepade, Santiago Nieto tuiteó: “Investiga la Fepade a Beto Borge. Es señalado del desvío de 200 mdp para la campaña del PRI en 2016″.

Borge debía garantizar que Mauricio Góngora llegara al poder para “tapar” las irregularidades de sus seis años de gobierno en Quintana Roo y que hoy lo tienen preso bajo proceso penal acusado de diversos delitos. (Con información de Quinto Poder).