El presidente de la Comisión de Movilidad, Trabajo y Previsión Social, el regidor Javier Renán Santos Morales, confirmó que el tema ha llegado formalmente a las autoridades municipales, tanto por reportes directos como por denuncias difundidas en redes sociales.

“Sí me han llegado quejas y también me he enterado por redes sociales”, declaró el concejal, quien adelantó que se buscará una reunión con los responsables de la empresa para revisar su actuación.

Santos Morales señaló que existen señalamientos de que el personal de la concesionaria “caza” a los automovilistas, esperando que se cumpla el tiempo límite para colocar de inmediato la araña, aun cuando hay situaciones que dificultan el pago.

Uno de los principales reclamos ciudadanos es que varias máquinas de cobro no funcionan, lo que obliga a los usuarios a caminar varias calles para encontrar un parquímetro operativo; al regresar, el vehículo ya ha sido inmovilizado.

“Muchas veces no todos los equipos están funcionando, uno tiene que caminar varias cuadras y en ese lapso corre el tiempo, y es cuando se presentan estos problemas”, explicó.

Otro punto que será puesto sobre la mesa es la supuesta tolerancia que ofrece el sistema de parquímetros, ya que, de acuerdo con el regidor, no está claramente definida ni comunicada a los usuarios.

“Se supone que dicen que hay una cierta tolerancia, pero es necesario establecer claramente de cuánto tiempo es”, subrayó.

El funcionario añadió que este asunto también se revisa en coordinación con la Dirección de Tránsito, debido a que personal de esta dependencia participa en la colocación de multas y arañas solicitadas por la empresa.

Cabe destacar que el regidor Juan Novelo Zapata fue el primero, en esta administración municipal, en alertar públicamente sobre las irregularidades y abusos en la operación de los parquímetros, lo que hoy ha derivado en la revisión del tema por parte de las autoridades.

Durante un encuentro, la morenista escuchó las preguntas de Playaaldía, que señaló una notable baja en la afluencia de turistas, atribuyéndola en parte a este sistema. “De por sí la temporada es baja, pero afecta no solo a turistas, sino a quienes vivimos aquí”, se argumentó.

Frente a esta problemática, Acosta Conrado aseguró que el movimiento “siempre hacemos el gobierno de acuerdo con las demandas populares”. Anunció que se trabajará de manera coordinada con el gobierno municipal para evaluar y presentar un plan de trabajo concreto que revierta los efectos del sistema de parquímetros, con el objetivo de devolver la accesibilidad y vitalidad económica al primer cuadro de la ciudad, de cara al próximo proceso electoral.

La aplicación digital, llamada Kigo, no especifica claramente los puntos donde se puede estacionar pagando una tarifa, a diferencia de municipios como San Nicolás o San Pedro, donde el mapa delimita con precisión el perímetro permitido. En el caso de Monterrey, la zona abarca todo el primer cuadro de la ciudad, desde Colón hasta Constitución y de Venustiano Carranza a Félix U. Gómez, lo que ha generado mayor confusión entre los conductores.

“Tengo 20 minutos sin poder bajar la aplicación, afortunadamente llegué temprano a mi cita, pero es muy complicado esto, ahorita pues no sé qué hacer, creo que terminaré por no pagar y ojalá no me pongan la multa”, comentó Diana Chávez, quien se estacionó frente al parque de la Iglesia La Purísima.

A las dificultades tecnológicas se suman quejas por el costo mínimo de recarga —20 pesos— cuando antes bastaba con uno o dos pesos para realizar una breve gestión. Además, el sistema ha sido señalado como excluyente, pues obliga a contar con un teléfono inteligente, conexión a internet, tarjeta bancaria y saldo disponible, lo que deja fuera a buena parte de la población.

“Oye, esto está mal porque, por ejemplo, ahorita no puedo descargar la aplicación porque no traigo saldo para el internet. Está bien innovar, pero creo que debería haber opciones para también pagar en efectivo”, opinó otro automovilista afectado.

Ante la imposibilidad de concretar el pago, muchos se estacionan sin pagar, esperando no ser multados, mientras otros optan por pagarle a franeleros que usan su propia aplicación, aunque esta práctica ha sido advertida por la policía municipal.

La inconformidad en Monterrey refleja un problema que también se vive en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde los parquímetros han generado molestia entre residentes, comerciantes y visitantes. La falta de claridad en la concesión del servicio, los cobros excesivos y la ausencia de beneficios tangibles han provocado un rechazo generalizado. Además, empresarios del sector turístico advierten que el sistema desalienta la visita de turistas y afecta directamente a los pequeños negocios, ya que muchos visitantes evitan estacionarse en zonas con parquímetros, reduciendo el consumo en restaurantes, tiendas y playas locales.

José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística del Mar Caribe y presidente de la pesquera Xaman-Ha, recordó que desde el inicio su gremio se opuso a la instalación de parquímetros por considerar que la medida “lastimaba a las zonas residenciales y desalentaba el turismo”.

“Nosotros fuimos parte del movimiento No a los Parquímetros. Participamos en marchas y campañas porque en aquel entonces se afectaban áreas donde la gente vivía y trabajaba, y además se reducía la seguridad. Antes, muchas calles eran más vigiladas porque había cámaras y más movimiento; con los parquímetros, todo cambió”, comentó.

El dirigente explicó que en zonas como la calle 6, cerca del mercado municipal, hubo un incremento de robos y “cristalazos” en vehículos. Además, señaló que muchos turistas se quejan constantemente de haber sido inmovilizados por no entender el sistema o por llegar en horarios en que el cobro inicia sin previo aviso.

“Ayer vino un turista peruano y una boliviana; estaban molestos porque les inmovilizaron su coche. A veces les ayudamos a pagar el parquímetro para que no tengan problemas, pero no todos confían. Eso genera mala imagen”, dijo.

En el caso de los pescadores, explicó que han logrado mantener un pequeño espacio temporal para sus camiones y vehículos de trabajo durante la temporada de captura, pero reconoció que los espacios son insuficientes.

“Tenemos unos seis o siete vehículos de pescadores y dos o tres camiones que vienen por el producto o el hielo. Pero los turistas ya no tienen dónde estacionarse y se molestan. Es una situación que se volvió cotidiana”, añadió.

Gómez Burgos considera que el Ayuntamiento debería revisar y legislar nuevamente el esquema de parquímetros, buscando un equilibrio entre el orden urbano y la economía local.

“Se necesita un sistema más justo, que no afecte al residente ni al visitante. La ciudad debe ser ordenada, pero también amable con quienes viven del turismo”, concluyó.

Mientras tanto, las quejas continúan circulando en redes vecinales y grupos de WhatsApp, donde ciudadanos advierten a otros sobre los puntos con mayor vigilancia y riesgo de inmovilización, especialmente en las calles cercanas al Palacio Municipal.

Playa del Carmen, un paraíso que sigue debatiéndose entre el orden urbano y la hospitalidad turística.

Cabe señalar que los habitantes del municipio de Solidaridad han manifestado su descontento con los parquímetros desde su instalación, lo que generó una serie de inconformidades. Según Quiam, un empleado de Playaparq perdió la vida en circunstancias que considera producto de abusos relacionados con la concesión.

En ese contexto, Quiam opinó que los nuevos regidores del Ayuntamiento de Solidaridad deben presentar una iniciativa para realizar una revisión a fondo del servicio de parquímetros, considerando que es responsabilidad de los actuales regidores evaluar su continuidad.

“Las calles son públicas, pero hay esquinas como la 10 y la 15, que permanecen ocupadas por vehículos incluso con la instalación de parquímetros, obstruyendo la visibilidad para la circulación”, explicó.

Además, señaló la necesidad de revisar el Reglamento de Tránsito Municipal para determinar si está permitido estacionarse en las esquinas, cuántos metros son autorizados por la ley y si los parquímetros ofrecen garantías en caso de daños causados por otros vehículos o robos de pertenencias. “Hay muchas cosas que se desconocen”, agregó.

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Según Quiam, los parquímetros deben facilitar la circulación vehicular y permitir la fluidez del tráfico. “Para ello, se requiere un estudio de campo que identifique qué zonas realmente necesitan parquímetros, en lugar de instalarlos solo con fines recaudatorios”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la competencia que representan los parquímetros es desleal para los dueños de estacionamientos, quienes ofrecen espacios vigilados. “Es muy disparejo”, comentó, subrayando el impacto negativo sobre quienes invierten en ofrecer sitios seguros para vehículos.

Finalmente, Quiam mencionó que los regidores de Solidaridad tienen la obligación de resolver estos problemas revisando el contrato de concesión, determinando qué áreas deben tener parquímetros, hasta dónde se extiende su implementación y qué horarios deben regir. También destacó la necesidad de analizar la cantidad de parquímetros por zona y mencionó como ejemplo la Avenida Constituyentes, donde la instalación de ciclovías en ambos lados dificulta el acceso a comercios. “Ni siquiera puedes detenerte a comprar o pagar por algún servicio, porque los oficiales de tránsito te obligan a moverte”, denunció.

“La ciclovía es buena para los ciclistas, pero afecta la actividad comercial y vehicular. Hay mucho que revisar, analizar y tomar decisiones por el bien de todos”, concluyó Alberto Quiam.

La concesión de áreas públicas debió ser transparente, principalmente bajo consenso ciudadano, y definir el destino de los recursos públicos para una causa noble justificada, sin embargo no funciona de forma correcta.

Para el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de abogados de la Riviera Maya, los parquímetros en Playa del Carmen tienen el beneficio de ordenar y medir el estacionamiento en áreas específicas, contribuyen a la movilidad urbana y ayudan a mantener la seguridad en la ciudad.

En entrevista con el abogado , Leopoldo Cruz, sostuvo que los residentes de esta ciudad pueden solicitar una autorización para exentar el pago de parquímetro. El permiso tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de otorgamiento.

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El problema dijo, no son los parquímetros, sino la falta de transporte Público eficiente para la movilidad de los ciudadanos, “debemos recordar que la movilidad es la capacidad de moverse libremente”, puntualizó.

Hizo énfasis que en Playa del Carmen la movilidad del transporte público es una necesidad común de desplazarse para acceder a bienes y servicios.

En ese sentido, refirió que el transporte público es el modo a través del cual el Estado garantiza que sus habitantes puedan trasladarse, particularmente en entornos dispersos.

Mientras el Municipio y el Estado sigan permitiendo que las rutas sean a criterio del sindicato de taxistas y de TUCSA, y no saquen una licitación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija, con AUTOBUSES, el pueblo seguirá padecimiendo de falta de movilidad.

Además, es un derecho humano que debería estar garantizado por el Gobierno, ya sea porque ellos lo proporcionan, o porque lo licitan a las empresas privadas que si tengan la capacidad financiera y operativa para darlo de forma suficiente y eficiente, digno para los solidarenses.

En la página oficial de esta empresa se puede observar esta situación, la cual ha sido del conocimiento de las autoridades municipales quienes han hecho los llamados correspondientes y sin embargo, la empresa sigue sin mostrar estas cifras.

De hecho, tampoco ha entregado las claves de los parquímetros para que las autoridades puedan corroborar la cantidad de dinero que ingresa y compararla con lo que ellos declaran, como está estipulado en la misma concesión.

Playaparq tampoco ha destinado los 25 cajones de estacionamiento que solicitó la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores con el argumento de que el servicio es gratuito para quienes tengan esta placa inclusiva, esto a pesar de que ya se les explicó que tienen que ser cajones especiales que estén cerca de los edificios públicos o centros comerciales para facilitar la movilidad de estas personas.

De acuerdo al Reglamento para el Servicio de Estacionamiento Público en las Vías de Circulación del Municipio de Solidaridad, en su Artículo noveno, sobre las atribuciones de la Tesorería, en el párrafo IV establece que se debe conciliar mensualmente con el tercero operador, en este caso Playaparq, el monto de los recursos captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento público en las vías de circulación. Sin embargo, a diferencia de diciembre del 2019, cuando comenzó la operación por la prestación de este servicio, así como en los años 2020, 2021, y 2022, la Promotora de Reordenamiento Urbano hasta el mes de octubre, cuando ingresaron un total de 1 millón 103 mil 136 pesos por el uso de parquímetros y las infracciones, de repente dejó de informar.

Y es que, no hay que olvidar, el gerente general de esta empresa Diego Grácidas ha tenido diferencias con integrantes del Cabildo de Solidaridad quienes se han pronunciado porque la empresa deje de colocar los dispositivos que inmovilizan a los vehículos. conocidos como arañas.

No solo esto, a pesar de que ya se le ha hecho el llamado para transparentar estos ingresos, ha ignorado por completo al cuerpo edilicio

Otro de los enfrentamientos que tuvo la empresa privada con autoridades municipales fue al momento en que ciudadanos denunciaron que la misma se negaba a entregar el tarjetón de residente, que exime del pago a quienes tienen su domicilio dentro del área de influencia de los parquímetros.

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En su artículo 8, sobre las atribuciones de Seguridad Pública y Tránsito, en su párrafo VIII establece que es obligación de esta dependencia supervisar y en su caso autorizar la solicitud hecha por los residentes para obtener la autorización de residente que corresponde a la zona de parquímetros y que se encuentra frente a su domicilio, así como revisión de los documentos requeridos para su autorización.

Pero, a raíz de este incidente en el que varios ciudadanos se vieron afectados, la Comisión Edilicia de Movilidad tuvo que intervenir y aprobaron modificaciones a varios artículos del Reglamento, por lo que también se solicitó a la Dirección de Supervisión de Movilidad fuera la encargada de autorizar los tarjetones para residentes.

La empresa Promotora de Reordenamiento Urbano cuenta con un período de 15 años para la explotación de estos parquímetros, de los cuales ya corrió una tercera parte del plazo otorgado.

Mencionar por último, en los trabajos de la última Sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, celebrada el pasado 27 de agosto, el décimo tercer regidor Marciano Toledo Sánchez acusó directamente a esta empresa de hacerse de la vista gorda para no aceptar las propuestas promovidas en dicha Comisión y advirtió que esta empresa pretende salirse con la suya, por el resto que le queda al actual gobierno, por lo que advirtió que no necesita ser una autoridad para seguir señalando todas las irregularidades en que recae Playaparq.

“Etiquetamos para beneficio de obras pública, esto lo hicimos apenas hace unos días, ya está aprobado y la etapa que sigue es revisar cuánto se genera mes con mes. Desde que entramos al gobierno el recurso que ha entrado de parquímetros no lo hemos tocado y será destinado a una obara pública en beneficio de la comunicad”, refirió la alcaldesa playense.

Se trata de tres obras, con un presupuesto de 24 millones de pesos, financiadas con los 37 millones de pesos que se proyecta recibir este año a través de los parquímetros.

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Se reciben el 25% de los ingresos del cobro de los parquímetros, pero a estos recursos también toca el 25% de las inmovilizaciones, y la totalidad de las multas generadas por este concepto.

A través de un oficio, la sindicatura  solicitó a la Dirección de Ingresos saber cuánto se había recaudado y cuánto se proyectaba recibir este año por estos tres conceptos, recibiendo como respuesta unos 37 millones de pesos.

Se ha dado a conocer que a finales del año 2019, que fue cuando entró en vigor, los parquímetros generaron 221 mil pesos; en 2020, el monto fue de 6 millones 800 mil pesos; en tanto que en 2021, se generó la cantidad de 12 millones 256 mil pesos

Según el documento a diciembre del año 2019, el sistema de parquímetros de Playa del Carmen reportó ingresos por medio millón de pesos al gobierno municipal presidido por la menor de los tres hermanos Beristain, cantidad de la que no existen registros sobre su destino hasta la actual administración.

Los recursos que debieron retornar a la ciudadanía de Solidaridad en beneficios como embellecimiento de calles, señalizaciones, pasos peatonales, jardines o cualquier otra acción en materia de movilidad nunca se llevaron a cabo, al menos no con la etiqueta de recursos obtenidos por el sistema de parquímetros.

En el año 2020 ocurrió la misma desaparición de recursos, esta vez por un monto superior a los seis millones de pesos y de los cuales la señora Beristain Navarrete volvió a hacer caso omiso a las preguntas de la prensa; medios de comunicación que ella mismo mantuvo a raya a través de sus funcionarios cómplices.

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A mediados del año 2021 y en medio de una enardecida elección, la señora Laura Beristain Navarrete perdió la reelección, pero en un último zarpazo a las arcas municipales echó guante de más de ocho millones de pesos de los que tampoco se tiene registro de su destino o en qué habrían sido utilizados.

Finalmente y con el cambio de gobierno, la maestra Lili Campos Miranda, actual presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, ha dado a conocer una decena de cargos contra la anterior edil y actual regidora Laura Beristain, y en donde existe la confianza se le finquen responsabilidades y devuelva los más de 15 millones de pesos desaparecidos.

Cantidades entregadas por contraprestaciones e infracciones:

Diciembre de 2019 

$542,881

Año 2020

$6,679,588.00

Año 2021

$ 14,232,873

Año 2022

$2,579,525.00

Se ha dado a conocer que a finales del año 2019, que fue cuando entró en vigor, los parquímetros generaron 221 mil pesos; en 2020, el monto fue de 6 millones 800 mil pesos; en tanto que en lo que va de 2021, se generó la cantidad de 12 millones 256 mil pesos.

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El informe presentado en el portal de Playaparq señala que los recursos incluyen no solo el dinero que pagan quienes se estacionan en el primer cuadro de la ciudad, sino también las multas y las inmovilizaciones.

La pregunta es ¿en qué se ha invertido ese dinero dentro del municipio? Porque ya la empresa informó de manera pública los montos en los que se ha beneficiado a las arcas municipales, que deberían ser para beneficio social.

¿Informarán o dejarán que haya investigación al respecto?