De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana en el fraccionamiento La Esmeralda. Dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió, se acercó por la espalda al comunicador y le disparó en al menos tres ocasiones, impactándolo en la cabeza y el cuello. Los agresores huyeron del lugar.

Alejandro Leyva fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa y, en los últimos años, se distinguió por mantener una postura crítica hacia el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.

En su más reciente columna, publicada esta semana, cuestionó la baja afluencia turística durante la Guelaguetza. Días antes, en un video difundido en redes sociales, realizó señalamientos contra un senador de Morena relacionados con presuntas actividades ilícitas y conflictos por tierras en el Istmo de Tehuantepec.

El periodista también había denunciado públicamente, desde noviembre del año pasado, una presunta persecución por parte del gobierno estatal. En ese momento afirmó haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, además de responsabilizar a funcionarios estatales de cualquier agresión en su contra.

Tras el homicidio, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la labor periodística de la víctima será una de las principales líneas de investigación. En la escena del crimen fueron localizados casquillos calibre 9 milímetros y ya se analizan videos de cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

Las autoridades confirmaron que una persona fue presentada ante el Ministerio Público como sospechosa; sin embargo, aclararon que hasta el momento no ha sido vinculada con el crimen y su situación jurídica será determinada conforme avance la investigación.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz condenó el asesinato y aseguró que se realizará una investigación “seria, profesional y transparente” para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo completamente la investigación, por lo que el caso ya es atendido por el Gobierno Federal en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación sostendrá un encuentro con los familiares del periodista y con integrantes del gremio periodístico en Oaxaca.

De acuerdo con la organización ARTICLE 19, el comunicador fue interceptado por sujetos armados cerca de su domicilio, minutos antes de las 9:00 de la mañana, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

El fallecimiento fue confirmado por el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan mediante un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y colegas del periodista.

Tras el crimen, ARTICLE 19 exigió a las autoridades realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y pidió que la principal línea de investigación considere su labor periodística, ante el contexto de violencia que enfrenta la prensa en México.

Con este asesinato, suman cuatro periodistas asesinados en Puebla desde el año 2000, de acuerdo con registros de la organización. Entre las víctimas se encuentran Adrián Silva Moreno (2012), Aurelio Cabrera Campos (2016), Marco Aurelio Ramírez Hernández (2023) y ahora Josué Martínez Contreras.

El homicidio ocurre en un escenario que organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran preocupante para el ejercicio periodístico en Puebla. Además de las agresiones contra comunicadores, han denunciado discursos estigmatizantes contra medios independientes y reformas legales que, a su juicio, representan riesgos para la libertad de expresión.

En abril de 2025, ARTICLE 19 solicitó al gobierno estatal cesar los señalamientos públicos contra periodistas, luego de que el entonces director de e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, fuera acusado desde la tribuna oficial de presuntamente dirigir una “red de delincuencia cibernética”, declaraciones que la organización calificó como estigmatizantes y contrarias a los estándares internacionales de protección a la prensa.

A ello se suman las críticas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que advirtió que las recientes modificaciones al Código Penal de Puebla, relacionadas con delitos como el “ciberasedio”, contienen conceptos ambiguos que podrían facilitar la censura y afectar el derecho a la libertad de expresión.

El asesinato de Josué Martínez Contreras vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en México, uno de los países más peligrosos para la prensa.

El juez del caso resolvió que la acusación inicial era improcedente, decisión que abrió la puerta para que el comunicador abandonara la prisión y enfrentara el proceso fuera del penal, bajo cargos que no ameritan prisión preventiva.

Con esta resolución, León Segovia seguirá vinculado a proceso únicamente por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imputaciones que le permitirán mantenerse en libertad mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales.

La decisión judicial coincidió con el criterio expresado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que en México no se configura el delito planteado originalmente por la Fiscalía, postura que también fue respaldada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Durante la audiencia, un testigo —bajo reserva de identidad— señaló que el periodista accede a información relacionada con hechos delictivos que no siempre se canaliza mediante el número de emergencias 911. No obstante, el juez consideró que dicho señalamiento no era suficiente para sostener una acusación de alto impacto ni justificar la medida cautelar más severa.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el trasfondo del caso estaría vinculado al malestar de la Fiscalía con la labor de reporteros de la fuente policiaca, quienes en numerosas ocasiones llegan a los lugares de los hechos antes que las autoridades, una práctica recurrente en el ejercicio informativo local.

El caso ha generado un amplio debate entre periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, al reavivar la discusión sobre los límites entre el ejercicio de la libertad de prensa y la actuación de las instituciones de procuración de justicia, así como el uso de figuras penales severas contra comunicadores.

De acuerdo con la autoridad ministerial, al comunicador se le imputan los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, conforme a una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial del distrito.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Sedena, durante un operativo en el sur del estado. Sin embargo, el caso ha comenzado a generar cuestionamientos y preocupación en torno a un posible intento de criminalizar el ejercicio periodístico, particularmente en la cobertura de hechos policiacos.

El reportero administraba una página en Facebook desde donde realizaba transmisiones en vivo y difundía información de nota roja. Horas antes de su detención, había publicado información relacionada con la muerte de un agente de Tránsito ocurrida durante una celebración en una palapa del municipio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha explicado públicamente cómo las publicaciones difundidas en redes sociales se vinculan directamente con los delitos que se le imputan, lo que ha encendido el debate sobre si esta acción podría representar una forma de coartar la libertad de expresión y el derecho a informar.

La investigación continúa y no se han dado a conocer mayores detalles del caso.

Nacido en el campo de refugiados de Jabalia, al-Sharif se distinguió por su valentía y compromiso en la cobertura de la guerra y la crisis humanitaria en Gaza. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional, y en 2024 su equipo recibió el Premio Pulitzer por Fotografía de Noticias de Última Hora.

Antes de su muerte, al-Sharif había recibido amenazas por parte de las fuerzas israelíes. En su último mensaje póstumo, expresó: “Si estas palabras llegan a ustedes, significa que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”, dejando un profundo legado de compromiso con la verdad y el periodismo bajo condiciones extremas.

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Diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Comité para la Protección de los Periodistas, condenaron el ataque y denunciaron la muerte como un asesinato dirigido a profesionales de la prensa. Al Jazeera responsabilizó a las fuerzas israelíes por esta tragedia y exigió justicia.

La muerte de Anas al-Sharif subraya los enormes riesgos que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto y la urgente necesidad de proteger la libertad de prensa en todo el mundo.

Amenazas y protección fallida

Días antes de su asesinato, Guerrero había denunciado amenazas de un grupo delictivo, según Radio Fórmula. Aunque estaba bajo el amparo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2014, las medidas implementadas resultaron insuficientes para evitar su muerte.

El noticiario Así Sucede informó que el Mecanismo activó diversos esquemas de seguridad para el periodista y su familia. Sin embargo, los ataques persistieron, culminando en este trágico desenlace.

México: tercer país con más periodistas asesinados en 2024

La UNESCO reveló que México ocupa el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas este año, solo detrás de Palestina y Pakistán. Este crimen reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas de protección y la falta de garantías para el ejercicio periodístico en el país.

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Condena y demandas de justicia

Organizaciones como Article 19 y diversas asociaciones de derechos humanos condenaron el asesinato y exigieron una investigación urgente. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha sido instada a actuar de forma expedita para capturar a los responsables. También se ha solicitado reforzar la seguridad de los familiares y colegas del periodista.

El asesinato de Cayetano de Jesús Guerrero es un sombrío recordatorio de la violencia que enfrentan los periodistas en México. Urge que las autoridades adopten medidas contundentes para garantizar la seguridad de la prensa y llevar a los responsables ante la justicia.

De 2016 a 2022, periodo en el que Carlos Joaquín González fungió como gobernador de Quintana Roo, se perpetraron cuatro asesinatos de periodistas, dos intentos de homicidio, uno de ellos torturado con violencia sexual y tres encarcelamientos con delitos fabricados, uno de ellos torturado en prisión.

Todos los casos relacionados con denuncias de corrupción, narcotráfico, trata sexual de mujeres y vinculados a grupos delictivos, junto con otros funcionarios, algunos federales de la Comisión Federal de Electricidad, y otros locales como alcaldías.

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Asegura FGE Quintana Roo vehículos, cartuchos, chalecos y drogas durante cateo en Limones via @playaaldia https://t.co/XgcV2Yx7f8 pic.twitter.com/O9PlgzTg6n

— playaaldia (@playaaldia) September 22, 2022

Los periodistas asesinados en el sexenio de Carlos Joaquín González son:

Periodista José Guadalupe Chan Dzib

Reportero del semanario digital “Playa News aquí y ahora” y del “Sol del Itsmo” fue baleado el 1 de julio de 2018 en un bar de Quintana Roo, según reveló la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Hasta ahora, no hay sospechosos arrestados por su homicidio.

Periodista Rubén Pat Cahuich

El director del semanario Playa News, fue acribillado el 24 de julio de 2018 en la puerta de un bar en el centro de Playa del Carmen. Hasta el momento no se ha esclarecido su asesinato.

Camarógrafo Javier Rodríguez Valladares

El camarógrafo de Canal 10, de Cancún, Quintana Roo, fue asesinado a balazos el 30 de agosto de 2018, en un ataque armado en el que también murió otra persona. Ambos cuerpos fueron encontrados en las calles Playa Caleta y Palenque, en la supermanzana 29 de la turística ciudad del caribe mexicano.

Periodista Francisco Romero Díaz

Periodista que apodaban “Ñaca-Naca”, empleado del medio “Playa News”, fue asesinado el 16 de mayo de 2019 en Playa del Carmen, del municipio Solidaridad. Sus compañeros destacaban que tenía la noticia primero que nadie y hacía transmisiones en vivo por las redes sociales. Días antes del ataque, se presentó en la Fiscalía del Estado de Quintana Roo para denunciar las amenazas.

Periodistas con intentos de homicidio 

Periodista Netzahualcóyotl Cordero García

El director del sitio digital CGNoticias, sufrió un atentado el 2 de febrero de 2022, en la ciudad de Cancún.  El agresor con arma de fuego, le dijo que iba por él, y el periodista alcanzó a forcejear y a librar su ejecución. Con ayuda de los vecinos sometieron al agresor y lo entregaron a la policía.

Periodista Francisco Canul

Fue el reportero que difundió las imágenes de la muerte de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, a manos de policías municipales de Tulum. Posteriormente de que publicó el video denunció amenazas y el allanamiento, destrucción y saqueo de su casa el 6 de abril de 2021. Pasó seis en prisión acusado con delios fabricados, y salió exonerado después de pedir perdón al gobernador Carlos Joaquín González y al exalcalde Víctor Mas.

Periodista Alfredo Griz Cruz

El colaborador de Los Ángeles Press, tras denunciar la trama de corrupción en la CFE Regional Yucatán-Campeche-Quintana Roo, fue torturado con violencia sexual dentro del refugio del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Después de continuas intimidaciones, sufrió un intento de homicidio el 12 de febrero de 2022.

Periodista Héctor Valdez

Denunció actos de corrupción del alcalde de Tulum, Victor Mas Tah, y del propio gobernador Carlos Joaquín González, por trata sexual de mujeres a cargo del erario. El periodista incluso expuso algunos casos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los vínculos de los funcionarios con grupos delictivos, pero tan solo cuatro meses después le fue fabricado delitos de violación a una mujer que no se presentó a juicio. Sin embargo, en menos de un año, el periodista fue sentenciado culpable y encarcelado. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, tras el traslado del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México donde fue torturado por las denuncias de corrupción de penal.

“Ahora con la reforma eléctrica están muy enojados porque se les acaban los privilegios y sus negocios. Están enojados y por eso tienen gatilleros en la prensa abusando de la libertad de expresión y agrediendo al presidente incluso a su familia pero aquí está el pueblo defendiendo al presidente, es un honor estar con Obrador “, afirmó.

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Al acompañar a Mara Lezama, Delgado Carrillo afirmó que más que el registro de su candidata es el registro de la próxima gobernadora de Quintana Roo para impulsar el tren de la cuarta transformación.

“La alianza con base en principios y no de intereses para luchar por un país sin corrupción y austero como enseña el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días”, señaló.

Luego de que la diputada del PRD, Iris Mora Vallejo, pretendiera una reforma a la ley para criminalizar la actividad periodística, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila, dijo que está mal redactada y causaría un impacto negativo en la sociedad.

La iniciativa presentada por la diputada del PRD, Iris Mora Vallejo, propone reformas al Código Penal de Quintana Roo y aplicar una pena de hasta 8 años de cárcel a periodistas y ciudadanos que difundan fotografías, videos, documentos de la vida privada de personas sin su consentimiento”.

Los diputados han presentado iniciativas sin dimensionar el efecto que tendrá en la sociedad pero generalmente están a tiempo de corregir, “no se trata de que los diputados promuevan y aprueben temas que no cumplan con la visión de la sociedad, al contrario hay que proteger la actividad periodística”.

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Ante la polémica generada, dijo que platicó con la presidenta de la comisión de Justicia, Kira Iris San, y que no es un tema prioritario “y creo que ni siquiera con la posibilidad de que se apruebe en comisiones”.

PERIODISTAS ASESINADOS EN QUINTANA ROO

—Alberto Velázquez periodista, asesinado en Tulum 22 de dic. 2009

—José Guadalupe Chan Dzib, asesinado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto el 29 de junio de 2018.

—Rubén Pat Cauich, asesinado el 24 de julio de 2018 en la ciudad de Playa del Carmen.

—Javier Valladares, camarógrafo del Canal de TV 10 de Cancún, asesinado en Cancún el 29 de agosto de 2018.

—Francisco Romero (Ñaca Ñaca), asesinado en Playa del Carmen, el 16 de mayo de 2019.

PERSONA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

—Dimas Calderón Flores, asesinado en Chetumal el 26 de octubre de 2018.

PERIODISTA DESAPARECIDO

—Oscar Díaz Peniche, desaparecido en Cancún en 2011, dejó una carta asegurando que, si algo le pasaba, era el grupo Turquesa y su director el responsable.

¿Qué esconde o qué pretende la diputada Iris Mora del PRD? En su propuesta de reforma al Código Penal de Quintana Roo, la legisladora pretende incluir penas de cárcel y multas a periodistas que difundan información personal, familiar o laboral de personas, “sin su consentimiento”.

La legisladora del Sol Azteca busca evitar el periodismo de investigación que destape la corrupción de políticos y empresarios, por una presunta “violación a la intimidad”. Por esto, periodistas y comunicadores de Quintana Roo pidieron  desechar la propuesta de reforma al Artículo 194 (Bis y Ter), por considerar que se trata de otra versión de la “Ley Mordaza”, para evitar se difundan escándalos como el de la casa Blanca, la casa Gris, Los Demonios del Edén, la Mafia Rumana o el Cártel del Despojo, por recordar algunos.

Los inconformes señalaron que como “regalo” del Día del Amor y la Amistad, la legisladora perredista ingresó una iniciativa para reformar los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal, para ampliar la definición de la violación de la privacidad.

La reforma, afirmaron, incluye castigos de tres años de prisión a quien haga pública información o comunicaciones personales, profesionales o familiares, vinculadas con la vida privada de la persona, sin autorización de la misma.

Esto deja vulnerables a los periodistas, quienes ya no podrán informar sobre los bienes de funcionarios públicos, por ejemplo, al pertenecer esto al ámbito privado o familiar, señalaron.

“Quiere meternos un gol”, se quejó uno de los inconformes.

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Los reporteros exhortaron a la XVI Legislatura a que vuelvan a abrir el Congreso del Estado a la prensa, pues las restricciones actuales en cuanto al acceso permite que los diputados puedan “cocinar” leyes a modo, sin cuestionamientos, como ocurrió con la reforma a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, para allanar el camino a que sea presidido por una legisladora.

Iris Mora Vallejo afirmó que ella no ha propuesto una nueva ley, sino que busca reformar un artículo que existe desde 2008.

Ella busca añadir un cuarto párrafo, señaló, para proteger la intimidad de los ciudadanos, al prohibir tomar datos sin permiso datos de las computadoras, algo que no viene incluido en este artículo, ya que habla de documentos.