De inmediato los comunicadores, Silvia del medio Código Rojo y Gabriel Aguilar de Esquema Quintana Roo fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó, tanto a patrullas municipales como elementos de la Guardia Nacional y de la Marina.

Una vez más se comete una arbitrariedad contra ciudadanos y comunicadores, con la detención injustificada de Silvia Peraza y Gabriel Aguilar, quiénes durante la tarde se encontraban realizando su labor informativa a la ciudadanía, detallando lo ocurrido durante una volcadura en la que no hubo fallecidos.

La volcadura fue en un carril de una avenida, pero el policía Antonio Kú acordonó toda la avenida (Aproximadamente 4 kilómetros) para que la prensa no pasara.

Y apegados a su labor periodística los reporteros buscaron una mejor ubicación para llevar el reporte de los hechos con mayor precisión a la ciudadanía a la que diariamente informan, fue entonces cuando Silvia y Gabriel ingresaron en la orilla de la maleza y banqueta para acercarse al accidente, acto que habría causado la infundada molestia al policía, que acto seguido; ordenó la detención de Silvia Peraza y Gabriel Aguilar.

Te Puede Interesar: Denuncian a taxista de intento de abuso a turista en Cozumel | Video

Hasta estas horas de la noche los reporteros se encuentran privados de su libertad de manera arbitraria en las instalaciones de la Fiscalía General, mientras afuera de las oficinas, compañeros de los medios de comunicación y la ciudadanía en general se encuentran manifestándose en apoyo a los detenidos.

La acción ‘emprendida’ se debió a la Recomendación CDHEQROO/10/2022/III, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tras vulnerar a la agraviada de su derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica por el aseguramiento arbitrario del bien inmueble que habitaba, entregándolo a un tercero, sin que la autoridad jurisdiccional determinara quien tenía mejor derecho sobre el inmueble, los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2021.

Cabe mencionar que durante el acto de ‘disculpa’ a la víctima, desfilaron por el atril y el micrófono una serie de personajes y funcionarios, pero ninguno de ellos fue quien encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Óscar Montes de Oca.

Presuntamente con la “disculpa pública” en ausencia de Montes de Oca, pretende la dignificación de la víctima; así como el reconocimiento y aceptación de la responsabilidad de los hechos, en donde le fue violentado su derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica por parte de personal que labora en la institución.

Supuestamente en los términos que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se desarrollan las acciones necesarias para determinar la responsabilidad administrativa y penal a la que haya lugar por parte del personal de dicho organismo autónomo que desplegó dichas conductas, inducando que de ninguna forma se permitirá, ni tolerará actos que constituyan una vulneración de los derechos humanos.

Cabe mencionar que dicha disculpa pública se deriva de la Recomendación CDHEQROO/23/2021/III, la cual fue emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Y es que Vianca Yexenia Labastida habría sido vulnerada en su derecho humano de acceso a la justicia, luego de que careciera de perspectiva de género la investigación que había sido iniciada con motivo del feminicidio de su hija, Vianca Fernanda Moreno Labastida el 21 de enero del año 2018.

Así que la Fiscalía prácticamente se vio obligada a pedir dicha disculpa, luego de haber faltado al compromiso ético y jurídico de la justicia, así como de realizar transformaciones positivas para la sociedad, que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho, en el cual las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia.

Cabe mencionar que durante el acto de ‘disculpa’ a la víctima, desfilaron por el atril y el micrófono una serie de personajes y funcionarios, pero ninguno de ellos fue quien encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Óscar Montes de Oca.

Por tanto, la ciudadanía ha interpretado su ausencia de muchas maneras entre ellas, la negación ante el error cometido, haberle restado una vez más la importancia debida a este acto, mientras que para muchos fue una burla no estar presente ni ver la cara en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Y aunque, en múltiples ocasiones se ha dicho que con estás “acciones se refrenda” el compromiso Constitucional de la Fiscalía General del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con la finalidad de evitar malas prácticas en la procuración de justicia, en situaciones análogas y futuras, la ciudadanía continúa dudando de la veracidad de estas palabras cuando en el actuar, se tiene la ausencia del Fiscal.

El Fiscal llegó por la puerta trasera del congreso para evitar la manifestación en su contra, por lo que una vez que ingreso no dio declaraciones a la prensa y luego de la demora comenzó su exposición, en donde hizo a ver a la Fiscalía de Quintana Roo (FGE) a un nivel de países del primer mundo, como una de las más preparadas, lo que no es así, ya que a pesar de contar con un equipo de alta tecnología, aun no han podido identificar a los 700 cuerpos que se encuentran en el panteón forense

Al final de su participación que consistió en repetir datos presentados en video, se dio inicio a la ronda de preguntas, en la cual hubo muchos cuestionamientos pero que no tuvieron contundencia al final. 

Uno de los primeros en cuestionar al fiscal fue Humberto Aldana quien mencionó el tema del 9N ocurrido en el municipio de Benito Juárez, a lo cual Montes de Oca señaló “Se iniciaron tres carpetas de investigación: una por comisión, por omisión, abuso de autoridad, encubrimiento y robo, la segunda indagatoria, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad; y la tercera , por el delito de tortura, 124 personas detenidas por la Policía municipal de Benito Juárez cuatro ordenes de aprehensión y solo una fue cumplimentada. El tema va con avance intermedio y en la indagatoria de acción, un elemento fue consignado y los demás continúan con órdenes de aprehensión vigentes”.

Una de las participaciones que más llamó la atención fue la del Legislador Hugo Alday quien señaló que es lamentable que la FGE haya subido su presupuesto de manera anual y los resultados siguen siendo endebles, ya que en el año 2019 se tuvo un presupuesto de más de 737 millones en el 2020 fueron más de 872 millones y en el 201 más de 942 millones. 

Por su partea Guillermo Brahms señaló que la fiscalía no ha cumplido con las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) siento un total de 44 que se hicieron, de las cuales 38 no fueron cumplidas y seis están en vías de cumplimento, en lo que el fiscal señaló que no pueden cumplirse debido a que no hay presupuesto, aunque cada año este incremento . 

Mientras la comparecencia se realizaba, miembros del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia “ se manifestaban en forma pacífica afuera del Congreso, exigiendo la renuncia del funcionario, al que tacharon de estar cobrando sin hacer nada.

Con lonas, mantas y carteles se podía leer el repudio que hay en contra de Óscar Montes de Oca, ya que en ellas se podía leer “Exigimos justicia para nuestros hijos”, ”Fuera el Fiscal Óscar Montes de Oca” “Renuncia ya, no te queremos como Fiscal”

Finalmente cabe señalar que el funcionario salió también por detrás del recinto para evitar confrontaciones con las madres de los desaparecidos .

Con información de PorEsto!

Video cortesía QuintanaRooNews

Los representantes de los diferentes colectivos junto con Fabiola Cortés Miranda quien encabeza “Somos Tus Ojos”, acusaron a Montes de Oca de diversas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que habrían estado relacionadas con alrededor de 70 carpetas de investigación de colectivos como Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, así como del 9N.

Entre los señalamientos contra el fiscal de Quintana Roo se encuentran también impunidad en casos como despojos. Así como filtraciones de audios a medios de comunicación.

Fabiola Cortés dijo que esperan un cuestionamiento firme por parte de los diputados que integran la Comisión de Justicia, así como un seguimiento de la mandataria estatal en la petición de remoción al Fiscal Óscar Montes de Oca.

Aseveró que incluso el diputado Presidente de la Comisión de Justicia; Hugo Alday también le fue entregada la petición de remoción del fiscal con un anexo de las carpetas a detalle.

Cortés Miranda indicó que una prueba más contra el trabajo realizado con Montes de Oca al frente de la Fiscalía General del Estado, sería el penúltimo lugar que tiene Quintana Roo en Procuración de Justicia, según data el estudio Worl Justice Projet 2021.

Chetumal.- En 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas; sin embargo, esos recursos no han llegado a los agentes ministeriales y a la base de trabajadores de la FGE, quienes desde hace unas semanas han acusado la falta de incremento salarial.

De acuerdo a datos obtenidos por Somos Tus Ojos, 273 millones 937 mil pesos se han destinado al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales”, monto incluso superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos.

En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la FGE gastó en 2019, 154 millones 024 mil pesos, a pesar de ello, el personal de la Fiscalía, no ha visto los beneficios.

TE PODRÍA INTERESAR:

CONTRATÓ MÁS DE 200 PERSONAS MONTES DE OCA
Desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ha contratado a 232 personas a las que se les paga por honorarios, entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas.

Montes de Oca Rosales, quien se desempeñó como Subprocurador en el entonces Distrito Federal con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, contrató a decenas de personas provenientes de la Ciudad de México, entre los que se cuentan a Luis Carlos Ruiz Rello, Juan José Olea Valencia, Diana Amador González, Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, José Antonio Espinosa Martínez, Rubén Arturo García Estrella, Raúl Gudiño Resendiz, Adrián Hernandez Reyna y Mónica de Ávila Lozano, quien, según su cuenta de LinkedIn, durante 23 años se ha desempeñado como reportera de Televisa, sin detallar en su perfil que ahora labora en la FGE como Directora de Comunicación Social de la zona norte con un sueldo mensual de 42 mil pesos, según información obtenida vía transparencia por Somos Tus Ojos.

Montes de Oca Rosales también trajo de la Ciudad de México a Alfonso Díaz Pauli, quien ahora funge como coordinador de Ministerio Público, y quien fue sancionado con un apercibimiento público por la Contraloría de la Ciudad de México por no cumplir en tiempo con la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros que tenía a su cargo como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la PGJDF, en 2014.

TE RECOMENDAMOS:

También de la Ciudad de México, para integrarse al llamado grupo de “los chilangos”, llegó Rosa María Hernández Ruiz, quien se desempeña como titular de la Fiscalía especializada en delitos de desaparición forzada de personas.

Otras personas contratadas por honorarios son Edwigs López Reséndiz, quien con un puesto de “asesora”, según la ficha curricular que carece de los datos de trayectoria profesional, percibe un sueldo de 42 mil pesos al mes, siendo muy visible su “trabajo” en twitter donde se dedica a compartir la información del gobierno del estado y de la Fiscalía. Destaca el hecho de que abrió su cuenta en dicha red social en julio de 2019.

Al mal visto grupo de “los chilangos”, privilegiados por Montes de Oca, se suman David Lozano Santana, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, Marcela Murillo Herrera titular de la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad de la zona sur; Jaime Ontiveros Patiño, Viridiana Orozco Herrera, directora de Coordinación Interinstitucional, y quien laboró como directora de normatividad, verificación y cumplimiento del INVEA, en la Ciudad de México.

TE PODRÍA INTERESAR:

La lista de los empleados que ocuparon un puesto en la Fiscalía del entonces Distrito Federal es muy larga, y a ella se suman César Octavio Ayerdi Hernández, director de administración y planeación, quien trabajó como Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Alain Duran Villaseñor, subdirector de recursos materiales; Vicente Iturbe Mendoza, director general de desarrollo institucional, con un salario de 60 mil pesos mensuales, y a quien se le abrió un procedimiento por presentar tardíamente su declaración patrimonial en 2016 cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México, omisión que cometió pero que se le “perdonó”, quedando exentó de sanción alguna.

Aunque local, otra contratada por Montes de Oca fue Erika Yolanda Bacelis Arzápalo, quien igual que el anterior fue sancionada con amonestación pública porque omitió presentar las declaraciones de situación patrimonial cuando laboró en el Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, Quintana Roo.

LOS AVIADORES
Con puestos de “receptor”, “analista técnico”, “analista profesional”, secretaria e incluso “intendente”, figuran múltiples empleados; de obligada mención resulta Martha Beatriz Enriquez Kaufachi, hermana de Juan de la Luz, hombre cercano al gobernador Carlos Joaquín González; y también hermana de Jesús Enriquez Kaufachi, quien se desempeña como secretario particular del fiscal, Óscar Montes de Oca. Como “analista profesional”, Martha Beatriz Kaufachi gana 16 mil pesos.

Regina Torres Caballero, como “receptora” gana 5 mil pesos mensuales; destaca que desde el 2016, recibió numerosas “ayudas sociales”, de acuerdo al padrón del Poder Legislativo. Claret Iraide Poot Peña, Dorian Patricia Ríos Bosch; Irving Enrique Acal Batun, Melida Aseret Medrano Mayo, Miledy Alejandra Castillo Castro y Ana Laura Pérez Guerrero se suman a la lista de empleados de puestos peculiares.

Carlos Adrián Andrade Pinzón, pasó de ser un deportista beneficiado por la Comisión de la Juventud de Quintana Roo (Cojudeq), a supuestamente trabajar como “intendente”, es decir, haciendo el aseo en la Fiscalía. Jorge Luis Díaz Archi, también pasó de ser parte de las juventudes revolucionarias del PRI a intendente; lo mismo que Armando Castán González, otrora “proveedor” de la Cojudeq. Fátima Guadalupe Soberanis Morales, antes fue “consejera ciudadana” de la COJUDEQ, y ahora también es analista profesional en la FGE.

Solange Alpuche Ordaz, actualmente como “analista profesional” percibe 16 mil pesos quincenales, pero fue “brillante” becaria del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, en 2017, año en que consiguió una de las tres becas que dio este Instituto financiado por el gobierno del estado, para estudiar en España.

TE RECOMENDAMOS:

Jorge Jesús Castillo Valverde, está contratado como auxiliar administrativo y también figura como beneficiario de ayudas sociales del Congreso del estado; Elda Dalila Cervantes Jarquin, tiene una placa del Sindicato de taxistas de Chetumal. Otros auxiliares administrativos son Francisco Gamaliel Sánchez Mercado, Guillermo Villanueva Martínez, Wayne Jesus Cachon Carrillo, quien fungió como apoderado legal del Sindicato de Trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Del DIF también provienen Alfredo Méndez Hernández, ahora analista profesional con salario de 16 mil pesos; y Rosario Ingrid Menjivar Alfaro, secretaria.

Por su parte, Ana Gabriela Moreno Torres, con un sueldo de 16 mil pesos, figura como Jefe de departamento de análisis de la información financiera, pero de acuerdo a su perfil de LinkedIn es coordinadora de ventas en The Mayan Cacao, en Cozumel.

ASESORES Y PUESTOS CLAVES EN MANOS DE FUEREÑOS
A la larga lista de personas venidas de la Ciudad de México, se agregan Jesús Rodríguez Nuñez, como asesor y con un sueldo de 42 mil pesos; Miguel Ángel García Sandoval, Norma Isabel Yescas Velázquez, también asesora; José Luis Bonilla Rodríguez “asesor en administración”; el director de Servicios Periciales, Noé Tapia Albino.

En puesto clave también fue colocado Jorge Daniel Valdes Oberhauser, quien trabaja como subdirector de capital material y servicios generales; antes estuvo en la subsecretaría de Finanzas y Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración y previamente laboró en el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años.

CONTRATAN “DIGITALIZADORES”
Entre los contratados por honorarios están también siete digitalizadores: Karla Vianey Cab Ramírez, Yarecxi Concepción Cetina Pérez, Melina Soledad González Velázquez, Yayni Seraccin Nava Landero, Leonela Salvatierra Ortiz, Dorian Sinai Solis Correa, Rosaura Irene Ucan Cocom y Paulina Vianey Velázquez Can.

El gasto para el pago a los empleados contratados por honorarios asciende a un monto mensual de alrededor de 4 millones de pesos mensuales. (Con información de Somos Tus Ojos)