En dicho dictamen participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otras áreas y dependencias. Entre las diversas irregularidades detectadas destaca el tema del agua, la calidad del líquido, las alteraciones al flujo regional y síntomas en territorio; y sobre todo, la apropiación ilegal de agua subterránea que a la postre llevaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a retirar dos concesiones con las que contaba la empresa de capital estadounidense; una concesión (12QNR103117/32EQDL1) por los servicios y la otra concesión (12QNR100178) de carácter industrial.

Sin embargo, la empresa filial de Legacy Vulcan lejos de aceptar las conclusiones del dictamen hídrico y el retiro de dichas concesiones, ahora promueve un recurso de nulidad ante la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que este pasado miércoles fue aceptada la demanda y las pruebas aportadas por CALICA, de tal suerte que la Conagua fue emplazada para presentar su contestación y exhibir el expediente administrativo mediante el cual retiró las concesiones.

Como señalamos al principio, como parte del dictamen que realizó la Semarnat, destacó los daños a la biodiversidad, que por ahora no tocaremos, pero en cuanto al análisis hídrico, se estudiaron 25 cuerpos de agua que hay dentro y en los alrededores de CALICA para determinar los parámetros de calidad del agua, profundidad y los impactos, es decir en el sistema de cenotes la calidad del agua y el flujo regional por la actividad minera.

De entrada se encontraron alteraciones al flujo regional y síntomas en territorio como depresiones en la superficie del suelo, nuevos sumideros por expansión de fisuras hacia la superficie, subsidencia de terreno, es decir grietas; y destaca la apropiación ilegal de agua subterránea en estanques con una retención de agua subterránea de 4.24 km cuadrados y los volúmenes en materia industrial por 1.690 millones de metros cúbicos y en el segundo en materia de servicios por 0.011899 millones de metros cúbicos para un volumen total de 1.70 millones de metros cúbicos. En otras palabras, se detectó una omisión de pago de 136.87 millones de pesos.

En las conclusiones del dictamen hídrico, en resumen, se detectó que existe una interrupción del flujo regional subterráneo por los grandes almacenamientos de agua al interior de CALICA, verificada por la caída del nivel freático del acuífero en cenotes costeros. Asimismo, en estos cenotes costeros, hay un deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la actividad minera; y la modificación de flujo regionales que ha generado subsidencia, grietas y depresiones a lo largo de la carretera federal 307, frente a CALICA, que en zonas cársticas pueden producir un socavón.

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También se detectó que los cuerpos de agua artificialmente creados constituyen una retención de agua subterránea muy por encima del autorizado en las concesiones otorgadas por la Conagua y, finalmente, se identificaron por parte de la empresa faltas de tipo administrativo y fiscal relativos a la declaración y pago de derechos de agua.

Todo esto conllevó a la dependencia a retirarles ambas concesiones y, a pesar de ello, CALICA siente que sus derechos fueron vulnerados a pesar de que quedó claramente demostrado con todos esos análisis el daño ocasionado pues, como mencionamos también, hubo efectos negativos a la biodiversidad, así como a los suelos por la contaminación ocasionada por esta actividad minera.

Pero, al ser aceptada por la Sala Regional del Caribe y Auxiliar esta denuncia, será después de que la Conagua presente el dictamen y las pruebas que sustenten los motivos por los cuales retiró la concesión cuando se analice y se llegue a un resolutivo.

En tanto esto ocurre, no podemos omitir el decreto presidencial para crear un área natural protegida de más de 57 mil hectáreas que incluye los predios de CALICA y que, evidentemente, vienen a complicar la situación de la empresa transnacional.

Como se recordará, el estudio previo justificativo fue puesto a disposición del público el pasado 18 de julio y en el mismo se señala que el sitio Felipe Carrillo Puerto se localiza en la provincia biogeográfica de la Península de Yucatán, la cual presenta una historia geológica compleja ligada al Caribe y América Central; se caracteriza por una combinación de factores geomorfológicos, climáticos y edáficos que se asocian a una estructura característica de tipos de vegetación flora y fauna.

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En este sitio se albergan 1 mil 063 especies nativas: 7 procarientes, 31 protoctistas, 437 plantas vasculares, 170 invertebrados y 418 vertebrados, cifra equivalente al 15% de las especies registradas en todo Quintana Roo. Así mismo dentro de esta riqueza se registran 85 especies endémicas y 112 especies en categoría de riesgo conforme a la norma oficial mexicana NOM 059.

De acuerdo a este decreto será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas (Conanp) la que se encargue de proteger, administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de protección; así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de éstas se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y de su Reglamento.

De estos últimos 7 bancos de material, la SEDENA afecta una superficie de más de 413 hectáreas que, sumadas al total de los otros bancos de material, la superficie sería casi la mitad de la cantera de CALICA; que tanto se ha encargado de señalar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el daño ambiental ocasionado.

De hecho, al hacer la suma de los 17 bancos de extracción de material en esta entidad, suman un total de 1 mil 055.1938 hectáreas afectadas; sin olvidar que este Tren Maya atraviesa por cinco estados del país (Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, además de Quintana Roo), donde también se habilitan bancos de material.

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En una revisión a las Gacetas Ecológicas, donde presentan los proyectos para estos bancos de material, es el municipio de Felipe Carrillo Puerto el más afectado con 8 bancos de material y una superficie de 644.1511 hectáreas.

Los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, apenas empiezan a presentar los de SEDENA las manifestaciones de impacto ambiental y por ello el primero sólo presenta un banco con 16.21 hectáreas afectadas; mientras que el segundo un banco con superficie de 127.8910 hectáreas.

En tanto, en el municipio de Benito Juárez, son dos predios para una afectación de 115.5043 hectáreas, aunque hay que mencionar es en este municipio donde se construye más infraestructura, a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún, para contar con las oficinas generales, n una superficie que no es tomada en este momento.

En el caso del municipio de Tulum, s un banco con una superficie de 14.5334 hectáreas y, finalmente, en el caso de Solidaridad, son un total de 3 bancos y una afectación de 136.9042 hectáreas.

Este señalamiento lo hizo la defensa legal de México ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en su respuesta a los últimos señalamientos de la empresa filial de Legacy Vulcan, en el juicio que sostienen desde enero del 2019.

“Sin perjuicio de que la jurisdicción y admisibilidad de la Reconvención presentada por la Demandada (México) está sujeta a decisión del Tribunal, la Demandada estima que, considerando inter alia, el valor económico por destrucción del sistema kárstico y ríos subterráneos, la pérdida de la biodiversidad, así como afectaciones generadas a la salud, el monto de la afectación causada por la Demandante (CALICA) podría superar los USD 5,000 millones”, se lee en el documento que fue publicado por dicho Tribunal.

Y es que, como se recordará, CALICA presentó nuevos argumentos para mantener abierto el juicio, donde el tribunal estaba por dar un resolutivo; aunado a ello, tras la clausura de mayo del 2022, la empresa de capital estadounidense amplió la demanda por estos supuestos daños que le causa el gobierno federal.

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Hay que mencionar, el litigio inició a raíz de la clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el 2018, al predio denominado El Corchalito, tras detectar que habían extraído material que rebasaba lo permitido. Y en 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, clausura el predio La Rosita, tras detectar que continuaban con la extracción.

En un estudio realizado por diversas dependencias del gobierno federal, constataron los daños al entorno, así como otras irregularidades, sin olvidar que integrantes de la sociedad civil también promovieron un juicio en contra de CALICA por daños a la salud y al medio ambiente.

El estudio que realizó la dependencia federal sobre las consecuencias ambientales de la explotación que ha realizado la empresa de piedra caliza en la entidad indica que en la región  existen afectaciones a la calidad del agua.

Además, por la actividad de explotación minera se eliminó la posibilidad de realizar labores agrícolas o ganaderas relevantes, así como la inviabilidad de realizar asentamientos humanos.

La Semarnat también indica que la filial de la empresa estadounidense Vulcan Material deforestó 926 hectáreas, entre 1985 y 2022, en los predios El Corchalito y La Rosita que pertenecen al complejo de la minera.

Aseguran además que el daño que realizaron por la remoción de suelo fue tan fuerte “que es técnicamente imposible la regeneración de su cobertura vegetal”, indica el estudio.

El estudio asegura que hay una contaminación grave sobre el suelo de la zona de estudio debido a las actividades de extracción de material pétreo en los predios La Rosita y El Corchalito.

Además, pide “que no se inicie la extracción ( en el predio La Adelita),  ya que la región está impactada por la actividad”, agregando además que en la zona se ha comprobado la existencia de un sistema complejo de cenotes y ríos subterráneos, conectados hidráulicamente a través de conductos, así como un sistema de cavernas.

Explican que las condiciones del flujo y de la calidad del agua del sistema de ríos subterráneos y cenotes que cruza El Corchalito y La Rosita, han sido alteradas por la presencia de la mina de extracción de material pétreo.

Sumado a que se registra una pérdida en el nivel de agua en los cenotes cercanos a la costa con respecto a los que se encuentran aguas arriba de Calica.

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Calica promovió el amparo contra la revocación de su título de concesión para el aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, mismo que fue rechazado por el juzgado.

Esta empresa es filial de la estadunidense Vulcan Materials, y ha operado en un área de alrededor de tres mil hectáreas, en el municipio de Solidaridad desde 1986, cuando obtuvo la primera autorización para explotar roca caliza por debajo del manto freático. En 1996 obtuvo un segundo permiso para explotar sobre el manto freático y en el 2000, al final del sexenio de Ernesto Zedillo consiguió una nueva autorización.

En mayo pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le impuso como medida de seguridad clausuras temporales totales de las actividades y obras en el sitio. La Semarnat puntualizó que las medidas fueron a causa de “acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de nuestro país y del deterioro del medio ambiente”.

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Indicó que durante la inspección en el predio La Rosita, “se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que con base en la legislación ambiental se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.

La publicación en los estrados, relacionado al expediente 567/2022, el Órgano Jurisdiccional optó por la negación que era contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fue desde el pasado 6 de mayo que el gobierno federal a través de la Profepa clausuró las actividades de extracción de Calica ahora reconocida como Sac-Tun luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador realizará un sobrevuelo días antes en dónde se percató que continuaban con la extracción de caliza.

La filial estadounidense presentó un recurso no sólo en los tribunales nacionales, también en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde hay un proceso desde enero del 2019 entre la empresa y el gobierno de México.

El revés a la transnacional por el momento fue para el amparo promovido el pasado 17 de mayo en contra de la orden de inspección número PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 y el acta de visita de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022  en la que se determina imponer como medida de seguridad la clausura temporal total de obras y actividades de aprovechamiento en el predio denominado La Rosita, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La semana pasada la autoridad judicial desechó otro amparo promovido por Calica, para continuar explotando la terminal portuaria de Punta Venado, con número de Expediente: 533/2022, contra el Gobierno Federal, por las órdenes o ejecución de clausura y/o suspensión y/o cancelación y/o revocación de la terminal portuaria.

Luego de que la justicia mexicana no procediera sus amparos, la vía legal que le queda a Calica será a través del tribunal internacional que cabe mencionar, en noviembre del 2021 estaba por dar un fallo pero Vulcan Materials  lo prolongó dando nuevos argumentos.

Calica ha perdido más de 100 mdd por clausura

Al respecto, el pasado 5 de agosto los inversionistas de la transnacional dieron una conferencia de prensa sobre el desempeño de la firma durante el segundo trimestre del año, aquí la compañía consideró las afectaciones que generó la revocación del permiso aduanal para operar el muelle en Punta Venado, el pasado 13 de mayo, donde Sac-Tun envía dicho material hacia Estados Unidos.

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“La compañía reveló un Ebitda potencial de impacto de entre 80 millones de dólares a 100 millones de dólares en caso de que no pueda operar completamente en México para el resto de 2022. Las operaciones permanecen cerradas, y el impacto potencial antes mencionado ahora se ha incorporado a la perspectiva de la Compañía para todo el año 2022”.

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Además aseguran  que la clausura de la cantera fue un acto inesperado y arbitrario por parte del gobierno mexicano por lo que el 8 de mayo solicitó un arbitraje en el marco del Tratado Comercial que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.

La petición fue aceptada el pasado 11 de julio y se prevé que el tribunal de arbitraje del T-MEC tome una decisión a finales de este año.

La cantera de Sac-Tun fue clausurada el pasado 6 de mayo por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por el aprovechamiento indebido de recursos naturales.

La dependencia detalló que, tras una inspección a la planta, constató daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio.

Explicó que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero y riesgo de hundimientos.

En conferencia con inversionistas sobre el desempeño de la firma durante el segundo trimestre del año, la compañía también consideró las afectaciones que generó la revocación del permiso aduanal para operar el muelle en Punta Venado, el pasado 13 de mayo, donde Sac-Tun envía dicho material hacia Estados Unidos.

“La compañía reveló un Ebitda potencial de impacto de entre 80 millones de dólares a 100 millones de dólares en caso de que no pueda operar completamente en México para el resto de 2022. Las operaciones permanecen cerradas, y el impacto potencial antes mencionado ahora se ha incorporado a la perspectiva de la Compañía para todo el año 2022”, explicó.

La empresa asegura que la clausura de la cantera fue un acto inesperado y arbitrario por parte del gobierno mexicano por lo que el 8 de mayo solicitó un arbitraje en el marco del Tratado Comercial que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.

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La petición fue aceptada el pasado 11 de julio y se prevé que el tribunal de arbitraje del T-MEC tome una decisión a finales de este año.

“El reclamo secundario se abordará como parte del arbitraje pendiente, y se espera que el tribunal de arbitraje del TLCAN emita una decisión antes de 2023”.

Vulcan Materials y su filial Sac-Tun interpusieron una demanda en tribunales internacionales contra México ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétreos. La empresa solicita una indemnización de alrededor de 1,500 millones de pesos.

Fue a principios de año que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Vulcan Materials de extraer materiales pétreos sin los permisos vigentes y les planteó cambiar su giro para el desarrollo de un complejo turístico en los terrenos de la cantera.

Incluso, el mandatario mexicano durante sus conferencias matutinas acusó a la firma estadounidense de financiar una campaña contra el Tren Maya por daños ambientales en el tramo 5 que va de Tulum a Playa del Carmen y cuyo trazo corre a espaldas del terreno de Calica

La empresa, cuya actividad es la extracción de material pétreo, fue clausurada en mayo por la Secretaría del Medio Ambiente al incumplir con la normativa ambiental. A partir de la clausura hubo una serie de reuniones con el gobierno federal para intentar llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible.

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En una de esas reuniones, el presidente López Obrador propuso a Vulcan Materials que cambiara de giro y que se enfocara en el ramo turístico, toda vez que no se le permitiría continuar sus actividades de extracción. El mandatario acusó que la empresa estaba utilizando explosivos con los que dañaba el medio ambiente y criticó que todo el material extraído era llevado a Estados Unidos para la construcción de carreteras.

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“Están ahora muy molestos porque se clausuró el banco de Calica. Imagínense, se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo, una catástrofe ecológica. Vamos a presentar una denuncia internacional. Afectaron cenotes y ríos submarinos”, comentó

Calizas Industriales del Carmen (Calica) calificó de ilegal y arbitraria la clausura, pero siguió operando, según le informaron al presidente en una visita de supervisión de las obras del Tren Maya.

Luego de reunirse en Palacio Nacional con el director de Vulcan Materials Company, Thomas Hill, el mandatario mexicano señaló que se realizará una propuesta alternativa a la empresa para que se continúe haciendo uso del suelo en Playa del Carmen, pero sin destruir el medioambiente.

Además, señaló que durante el encuentro los representantes de Vulcan hablaron de una mala interpretación para frenar la extracción de material.

“Ellos sostienen que hubo mala interpretación, pero el planteamiento es que no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, que se siga utilizando toda esa área como banco de material y que se lo lleven para construir carreteras en Estados Unidos”, expresó durante su rueda de prensa diaria.

López Obrador aseguró que “hay un proyecto alternativo y se está analizando”. “Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está claro es que ya no permitimos la extracción de material. El único acuerdo es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a un acuerdo, a tribunales nacionales y extranjeros”, declaró.

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“Nos reunimos, estamos platicando. Ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, y fui hace un mes, me informaron que no habían dejado de trabajar. Me tocó constatarlo. No lo creía”, indicó el mandatario al tiempo que recordó que sobrevoló la zona para supervisar.

“Hablamos con Vulcan Material de nuevo para plantearles con el propósito de que no haya una actitud negativa […] De parte nuestra hay voluntad”, agregó.

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El Presidente mexicano ha presionado a la empresa estadounidense para que acepte administrar un complejo turístico y un muelle para cruceros en una cantera de su propiedad cerca de Playa del Carmen.

La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.

Vulcan desearía seguir exportando la grava, pero le han bloqueado los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.