Playaparq, la empresa de parquímetros, se niega a transparentar ingresos

Violentando las condiciones de su concesión, la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente por su nombre de Playaparq, desde noviembre del 2023 no ha hecho públicos los ingresos que se registran por el uso de los parquímetros en Playa del Carmen.

En la página oficial de esta empresa se puede observar esta situación, la cual ha sido del conocimiento de las autoridades municipales quienes han hecho los llamados correspondientes y sin embargo, la empresa sigue sin mostrar estas cifras.

De hecho, tampoco ha entregado las claves de los parquímetros para que las autoridades puedan corroborar la cantidad de dinero que ingresa y compararla con lo que ellos declaran, como está estipulado en la misma concesión.

Playaparq tampoco ha destinado los 25 cajones de estacionamiento que solicitó la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores con el argumento de que el servicio es gratuito para quienes tengan esta placa inclusiva, esto a pesar de que ya se les explicó que tienen que ser cajones especiales que estén cerca de los edificios públicos o centros comerciales para facilitar la movilidad de estas personas.

De acuerdo al Reglamento para el Servicio de Estacionamiento Público en las Vías de Circulación del Municipio de Solidaridad, en su Artículo noveno, sobre las atribuciones de la Tesorería, en el párrafo IV establece que se debe conciliar mensualmente con el tercero operador, en este caso Playaparq, el monto de los recursos captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento público en las vías de circulación. Sin embargo, a diferencia de diciembre del 2019, cuando comenzó la operación por la prestación de este servicio, así como en los años 2020, 2021, y 2022, la Promotora de Reordenamiento Urbano hasta el mes de octubre, cuando ingresaron un total de 1 millón 103 mil 136 pesos por el uso de parquímetros y las infracciones, de repente dejó de informar.

Y es que, no hay que olvidar, el gerente general de esta empresa Diego Grácidas ha tenido diferencias con integrantes del Cabildo de Solidaridad quienes se han pronunciado porque la empresa deje de colocar los dispositivos que inmovilizan a los vehículos. conocidos como arañas.

No solo esto, a pesar de que ya se le ha hecho el llamado para transparentar estos ingresos, ha ignorado por completo al cuerpo edilicio

Otro de los enfrentamientos que tuvo la empresa privada con autoridades municipales fue al momento en que ciudadanos denunciaron que la misma se negaba a entregar el tarjetón de residente, que exime del pago a quienes tienen su domicilio dentro del área de influencia de los parquímetros.

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En su artículo 8, sobre las atribuciones de Seguridad Pública y Tránsito, en su párrafo VIII establece que es obligación de esta dependencia supervisar y en su caso autorizar la solicitud hecha por los residentes para obtener la autorización de residente que corresponde a la zona de parquímetros y que se encuentra frente a su domicilio, así como revisión de los documentos requeridos para su autorización.

Pero, a raíz de este incidente en el que varios ciudadanos se vieron afectados, la Comisión Edilicia de Movilidad tuvo que intervenir y aprobaron modificaciones a varios artículos del Reglamento, por lo que también se solicitó a la Dirección de Supervisión de Movilidad fuera la encargada de autorizar los tarjetones para residentes.

La empresa Promotora de Reordenamiento Urbano cuenta con un período de 15 años para la explotación de estos parquímetros, de los cuales ya corrió una tercera parte del plazo otorgado.

Mencionar por último, en los trabajos de la última Sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, celebrada el pasado 27 de agosto, el décimo tercer regidor Marciano Toledo Sánchez acusó directamente a esta empresa de hacerse de la vista gorda para no aceptar las propuestas promovidas en dicha Comisión y advirtió que esta empresa pretende salirse con la suya, por el resto que le queda al actual gobierno, por lo que advirtió que no necesita ser una autoridad para seguir señalando todas las irregularidades en que recae Playaparq.