Un nuevo y presunto escándalo de corrupción sale a la luz pública e involucra al secretario de taxistas Luis Herrera.
Un presunto y nuevo e impresionante caso de abuso de poder y corrupción se hace público tras conocerse que el secretario del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, Luis Herrera Quiam junto al director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), David Arwing Cosgaya Mena han sido acusados de emitir certificados de manejo sin la debida autorización y acreditación.
Presuntamente y de acuerdo a la información recabada, los certificados de manejo que se ofrecen tienen un valor de 1500 pesos, sin embargo no cuentan con la autorización del Instituto y tampoco con la acreditación correspondiente. Por otra parte, se ha descubierto que el costo oficial de estos certificados en realidad es de 850 pesos, aunque estos tampoco cumplen con las normas establecidas.
En este sentido, se debe considerar que la clínica del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” la cual es la encargada de realizar los exámenes, no cuenta con ninguna acreditación para emitir estos documentos, según lo estipula la ley en Imoveqroo.
Los señalamientos indican que se trata del flagrante incumplimiento de la normativa lo que pone en evidencia la falta de control y sobre todo de la corrupción en el sistema de emisión de licencias, en este sentido Luis Herrera Quiam y David Arwing Cosgaya Mena, no sólo estarían violentando la ley, sino también abusando de sus posiciones para cobrar ilegalmente a los conductores por documentos que no tienen validez legal.
Asimismo, la coordinadora del módulo de licencias de Solidaridad quien también es parte del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Erika Vanesa de la Cruz, ha sido señalada presuntamente por hacer la vista gorda ante estas irregularidades, facilitando así la violación de la ley.
Ante estos hechos, los afectados exigen una investigación a fondo y sobre todo que se aplique las sanciones correspondientes a los responsables de estos actos de corrupción que afectan la confianza y seguridad en el sistema de movilidad del estado.
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