Presenta Sheinbaum iniciativa para homologar sanción y prevención del feminicidio en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en Palacio Nacional en conjunto con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, la iniciativa de ley general contra el feminicidio, con la cual se buscará realizar diversas acciones para erradicar el delito y evitar la impunidad.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, dijo la mandataria. 

La iniciativa será enviada al Senado de la República este martes o el miércoles, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de “una reforma en la que creo que todos y todas estamos de acuerdo”.

Por su parte, Ernestina Godoy explicó que la iniciativa propone establecer un tipo penal único que reconozca nueve razones de género y establece penas de 40 a 70 años de prisión. Además, la ley contempla que el delito sea imprescriptible y que los responsables pierdan de pleno derecho la patria potestad, tutela y derechos sucesorios.  El modelo se basa en el esquema de investigación desarrollado previamente en la Ciudad de México para reducir la impunidad en muertes violentas de mujeres.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar detalló que la ley pone especial énfasis en la reparación integral del daño y la protección de víctimas indirectas. Entre las medidas destacan la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y la prohibición a plataformas digitales de exhibir imágenes de las víctimas de forma amarillista o que hagan apología del delito.

La estrategia incluye la creación de fiscalías especializadas con personal certificado y protocolos de actuación obligatorios con perspectiva de género. El objetivo es garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento, asegurando una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de procuración de justicia.