INE solicita 13 mil millones para elección histórica de jueces y magistrados

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha lanzado una ambiciosa propuesta para organizar la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, prevista para 2025. Con una solicitud de presupuesto que asciende a casi 13 mil millones de pesos, el INE busca asegurar un proceso electoral que permita a la ciudadanía seleccionar directamente a sus representantes en la justicia.

La propuesta del INE asigna 12,936 millones de pesos para cubrir los costos de infraestructura, capacitación del personal, instalación de casillas y campañas informativas necesarias para garantizar un proceso transparente y democrático. Esta cantidad refleja no solo la complejidad logística que exige la elección judicial, sino también el compromiso de acercar el sistema judicial a la ciudadanía.

El elevado presupuesto ha generado debate en sectores políticos y sociales, donde algunos consideran que podría ser reducido para destinar recursos a otras áreas prioritarias. No obstante, el INE defiende que este financiamiento es fundamental para asegurar que cada voto cuente con precisión en un proceso sin precedentes, abarcando todos los distritos judiciales del país.

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Además, el INE destinará una parte de los recursos a campañas de educación ciudadana, explicando el papel que tiene esta elección en el sistema judicial y la importancia de elegir representantes imparciales y comprometidos con la justicia.

A pesar de los beneficios proyectados, las críticas no se han hecho esperar. Figuras como la magistrada Ana María Durán han expresado que una elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial si no se regula con cuidado, advirtiendo que “la justicia debe ser autónoma y ajena a presiones políticas y sociales para ser eficaz”.

El INE enfrenta, por tanto, el desafío de justificar un presupuesto elevado en tiempos de austeridad y de diseñar un marco normativo que preserve la objetividad y legitimidad del Poder Judicial, abriendo con ello un debate sobre la relación entre la democracia y la independencia judicial en México.