Laura Fernández va por fuero tras irregularidades en Puerto Morelos

Aseqroo confirma faltante de 12 mdp solo de la obra del Casco Antiguo

La expresidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, y ahora candidata a diputada federal por Morena-PT-PEVM, sigue la misma ruta que su homóloga de Solidaridad, Laura Beristain, pues quiere continuar en el poder bajo una estela de corrupción en su espalda a su paso por la alcaldía del joven municipio.

Tal y como constató playaaldia.com al realizar una transmisión a través de las redes sociales, la obra del llamado Casco Antiguo inició desde 2019 y aún no se tiene una fecha para cuándo terminar y Laura Fernández hasta dejó la alcaldía para tratar de llegar al Congreso federal, como carta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su alianza con Morena, el partido gobernante.

Según la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), la cuenta pública 2019 del onceavo municipio, tiene severas irregularidades que iniciaron desde la licitación, la contratación y el pago de anticipos a la empresa ‘Constructora HouseJK S.A DE C.V.’.

Según el análisis de la Obra Construcción y equipamiento de la plaza cívica y andador peatonal en Puerto Morelos, con número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986 pesos con 76 centavos, se determina que hay un faltante de al menos 12 millones de pesos; revela el semanario Sol Quintana Roo.

Además, la empresa declaró como su domicilio fiscal el ubicado en Zeta del Cochero, 403/oficina 1 local 57, Centro Comercial Palmas Plaza, C.P. 72453, en el estado de Puebla, el cuál si existe, pero no es de la empresa.

En el local mencionado hay un negocio ajeno a constructora, incluso, los propietarios pidieron que los deslinden de las irregularidades que pudiera haber cometido la empresa conformada por José Mario Alberto Morales y José Francisco Solís Olazagasti, quienes deberán explicar el faltante de ese capital el erario, al igual que Laura Fernández Piña.

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Además, entre los escasos antecedentes de la empresa creada hace apenas un año, se tiene el registro de invitación a la obra “Servicio de dignificación de espacios de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, en Puebla, por un monto de 2 millones 85 mil 570 pesos con 87 centavos, supuestamente realizada en mayo de 2019.

Y es hasta ahora, dos años después, que la Aseqroo revela en su análisis sobre la Cuenta Pública 2019 de Puerto Morelos las irregularidades en las que incurrió la presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, en torno a la remodelación del parque del Casco Antiguo entregado a la empresa ‘Constructora HouseJK S.A DE C.V.’., quien recibió el número de contrato MPM/SOSPM/RP/LP-001/2019, por un monto de 18 millones 429 mil 986 pesos con 76 centavos, pero faltan por comprobar un faltante de 12 millones de pesos.

Del estudio de la Aseqroo se desprende un pliego de observaciones entre las que se incluyen implementar las actividades de control desde la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas, pues desde el procedimiento de licitación hasta el día de hoy que siguen inconclusas las obras violan las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Sin embargo, el desvío de recursos y el uso indebido de la función pública no son las únicas causas que ensombrecen a la obra de remodelación del parque del Casco Antiguo.

La represión y la impunidad son otras dos causas por las cuales esos trabajos son y serán siendo rechazados por la comunidad.

A principio de 2020 un grupo de activistas que se manifestaban contra el inicio de las obras de remodelación del parque principal de Puerto Morelos fueron reprimidos y detenidos.

Ellos fueron Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat Lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux y Diego Martín Arlia.

En plena pandemia causada por el coronavirus, comenzaron con la demolición, por lo que decenas de personas se movilizaron al lugar para impedir que continuara la demolición, y en ese momento fueron reprimidos por la policía municipal y estatal.