El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano expresó su profunda preocupación ante la iniciativa del Gobierno de Quintana Roo de aumentar en 25% el derecho VISITAX y de obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro.
De acuerdo con el organismo, esta propuesta no solo no garantiza una mayor recaudación, sino que pone en riesgo la competitividad del estado, vulnera la certidumbre jurídica del sector turístico y afecta directamente al principal motor económico de Quintana Roo.
El Consejo advirtió que la medida se contrapone a las tendencias internacionales, donde numerosos destinos están reduciendo cargas fiscales para atraer más visitantes. En cambio, el incremento del VISITAX encarecería la experiencia del viajero, colocaría a México en desventaja y perjudicaría especialmente a destinos sensibles al aumento de costos.
La iniciativa, señaló, también contradice los principios del “Plan México”, cuyo eje es mejorar la percepción del país, reducir costos al visitante y fortalecer la confianza para detonar el turismo como palanca de desarrollo.
Los hoteles expusieron la inviabilidad de cobrar este nuevo monto debido a que las tarifas se negocian con meses de anticipación a nivel internacional. Dispersar la recaudación entre miles de prestadores incrementa el riesgo de cobros indebidos, confusiones y fricciones que afectan la imagen del destino.
Según el Consejo, el resultado inmediato no será más recaudación, sino afectaciones operativas y deterioro en la experiencia del turista.
En regiones como Chetumal y Bacalar, el VISITAX aplicado a una pareja podría equivaler al costo de casi una noche de hospedaje, afectando especialmente a hoteles accesibles y microempresas familiares. Esto pone en riesgo el modelo multidestino que caracteriza al Caribe Mexicano.
El Consejo advirtió que la iniciativa violaría principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte establece que solo puede haber responsabilidad solidaria cuando existe vinculación directa con el hecho imponible, lo cual no ocurre al pretender que hoteles recauden un impuesto por infraestructura pública ajena al servicio de hospedaje.
El Consejo Hotelero reiteró su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero subrayó que este no puede darse a costa de la viabilidad del sector turístico. Por ello, solicitó a las autoridades replantear la propuesta, ya que esta erosiona los fundamentos económicos del turismo sin fortalecer las finanzas públicas ni alinearse al Plan México.
El organismo agrupa a las Asociaciones de Hoteles de los distintos destinos del estado, integrando más de 138 mil habitaciones, generando 20,500 millones de dólares en divisas, y representando 303,600 empleos directos y más de 400,000 indirectos. Su misión es fortalecer la competitividad, promover la inversión y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo económico del sector.
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