La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) y sus principales directivos, encabezados por Paul Andrew Rangel Merkley, enfrentarán un proceso judicial por presunto lavado de dinero, tras una denuncia presentada por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía General de la República (FGR). La primera audiencia está programada para el 3 de marzo.
El caso no solo involucra a ejecutivos de Aguakan, sino también a exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, quienes habrían utilizado recursos de procedencia ilícita para garantizar pagos por mil millones de pesos ante la Comisión de Agua Potable. Dichos fondos, según las investigaciones, desaparecieron sin dejar rastro.
Por su parte, Aguakan acusa al gobierno de Mara Lezama de emprender una “persecución jurídica” en su contra, con la intención de desacreditar la investigación y presionar por la revocación de su concesión en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. No obstante, el proceso legal sigue avanzando.
El 3 de marzo, Rangel Merkley y varios accionistas comparecerán ante el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo en una audiencia de formulación de imputación y posible vinculación a proceso. Aunque algunos de los acusados han obtenido amparos contra órdenes de detención, se espera que el juicio se extienda durante meses o incluso años.
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En 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó la revocación de la concesión de Aguakan, vigente hasta 2053, tras detectar múltiples irregularidades. Sin embargo, la empresa logró una suspensión definitiva, argumentando que el procedimiento tenía vicios legales.
El juicio penal contra Rangel Merkley se remonta a enero de 2024, cuando la compañía obtuvo la suspensión del Decreto 195, que cancelaba su contrato de suministro de agua potable. En el proceso, el directivo fue acusado de falsedad de declaraciones, pues su testimonio resultó clave en el juicio de amparo con el que Aguakan logró mantenerse operando.
Un reportaje del periodista Mario Millán en 2023 reveló que diputados de la XIV Legislatura permitieron que Aguakán obtuviera ganancias adicionales por 17 mil millones de pesos, afectando a cientos de miles de usuarios y dejando un problema legal para el Gobierno del Estado.
Entre los legisladores que aprobaron la ampliación de la concesión en 2014 figuran: Marybel Villegas, Mario Machuca Sánchez, Juan Luis Carrillo Soberanis, José Luis Toledo Medina, Susana Hurtado Vallejo, Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer, entre otros. Algunos de ellos hoy buscan nuevos cargos en diferentes partidos, sin que hasta el momento se les haya exigido rendir cuentas.
A pesar del rechazo ciudadano hacia Aguakán, la empresa continúa defendiendo su concesión con todos los recursos legales disponibles. Mientras tanto, la población sigue padeciendo servicio deficiente y tarifas elevadas, situación que ha llevado a algunos sectores a exigir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama para poner fin al conflicto.
El futuro de Aguakán en Quintana Roo sigue en debate, con una fuerte presión social que podría ser determinante en la resolución del caso.
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