La situación jurídica de Laura Fernández Piña, excandidata a la gubernatura de Quintana Roo y exalcaldesa de Puerto Morelos, se complica. Un juez de control con sede en Chetumal giró una orden de aprehensión en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
De acuerdo con información verificada, Fernández Piña ha tramitado una demanda de amparo indirecto para frenar la acción penal y obtuvo una suspensión provisional tras el pago de una fianza de 127 mil pesos. Esta medida le permite enfrentar el proceso en libertad, mientras se resuelve el juicio de amparo.
La exfuncionaria enfrenta una inhabilitación de 20 años por parte de autoridades administrativas, luego de detectarse un desvío superior a los 71 millones de pesos durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos. El caso está relacionado con la incorrecta retención de fondos de retiro destinados a trabajadores del Ayuntamiento, lo que derivó en un conflicto legal con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Fuentes cercanas al caso señalaron que, hasta hace un mes, Fernández Piña contaba con una sola propiedad registrada a su nombre, ubicada en Cancún, la cual no había sido objeto de aseguramiento judicial.
El caso ha escalado del ámbito administrativo al penal, lo que representa un giro significativo en las investigaciones en contra de la exaspirante a la gubernatura. Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la defensa legal de Fernández Piña han emitido un posicionamiento oficial sobre la orden de aprehensión.
La opinión pública permanece atenta al desarrollo del caso, que podría marcar un precedente en el combate a la corrupción dentro de los gobiernos municipales de Quintana Roo.
