En México, la identidad de género es un derecho humano. Pero ¿Qué ocurre cuando ese derecho se instrumentaliza para evadir responsabilidades básicas, como garantizar la manutención de una hija?
La pesadilla que Gloria Valentina Méndez Arámbula vivió durante el matrimonio con Cristian Janet Montenegro Chairez, la llevó a divorciarse, pero al exigir la pensión alimenticia de su hija, su ex marido decidió convertirse en mujer legalmente.
“No quiero volver a saber nada de esa niña, no es mi hija”, le dijo a su esposa, y así comenzó otra intensa lucha judicial la psicóloga Gloria Méndez Arámbula.
La historia judicial de la psicóloga Gloria Valentina es surrealista. Lleva cuatro años inundada en denuncias civiles y penales en los juzgados de Durango, con largos procesos interpuestos por su expareja, el abogado Cristian Montenegro, “psicópata integrado y narcisista patológico”, según el diagnóstico psiquiátrico.
“Tengo mi vida judicializada. Todos los procesos que él mete se desarrollan rápidamente, mientras mis denuncias por violencia familiar no prosperan ni avanzan”, señala.
Las estrategias de su expareja para perjudicarla a ella y a su hija menor de cuatro años de edad, llegaron al límite cuando en una de las decenas de audiencias, él solicitó ser atendido en Durango con “perspectiva de género”.
“Cuando pido al juez perspectiva de género por ser víctima, Cristian dice que él también es mujer y solicita la perspectiva de género mostrando su nueva acta de nacimiento donde dice que es de sexo femenino. Jaime Romero Maldonado, juez décimo cuarto de control y juicio oral, se quedó en silencio. No supo qué hacer”, señaló.
El juez, al no saber qué hacer aceptó que Cristian ahora fuera mujer y encima vinculó a proceso a Gloria Valentina por el supuesto delito de “sustracción de menores”, sin que hubiera una investigación de por medio. Se supone que un proceso jurídico es para llegar a la verdad, pero no ha sido así”, denuncia.
Las estrategias legaloides de su expareja para perjudicarla a ella y a su hija menor, llegaron al límite cuando en una de las decenas de audiencias.
“Cuando pido al juez perspectiva de género por ser víctima, Cristian dice que él también es mujer y solicita la perspectiva de género mostrando su nueva acta de nacimiento donde dice que es de sexo femenino. El juez décimo cuarto de control y juicio oral, Jaime Romero Maldonado, se quedó en silencio. No supo qué hacer. Lo dejó como si Cristian fuera mujer y a mí me vinculó a proceso por el supuesto delito de ‘sustracción de menores’, sin que hubiera una investigación de mi persona. Se supone que un proceso jurídico es para llegar a la verdad, pero no es así.”
Gloria además añade: “Imagínate el nivel de autoridades judiciales que tenemos en Durango; que un enfermo mental como Cristian les está haciendo juegos jurídicos para perjudicar no sólo a mí, sino a otras mujeres, porque su intención es sentar un precedente. Es una burla al sistema”.
Cabe mencionar que el riesgo de este tipo de narrativas no es menor. Colectivos y defensoras han advertido que casos como este pueden ser utilizados para estigmatizar a las personas trans, desviando la atención del problema central: la evasión de responsabilidades parentales y las fallas estructurales del sistema judicial para garantizar justicia pronta y efectiva a las infancias.
Más que un debate sobre identidades, el caso expone una pregunta incómoda: ¿por qué sigue siendo tan fácil en México eludir la obligación de cuidar, económica y legalmente, a las hijas e hijos? Mientras esa respuesta no llegue, quienes terminan pagando el costo son siempre las mismas: mujeres, niñas y niños.
Con información de La Jornada
